Pese a la idea del, actualmente sólo los alumnos residentes pueden estudiar, por lo tanto tienen DNI argentino. Estadísticamente son menos del 5%. La iniciativa choca con la ley que establece la gratuidad de la educación pública superior.
El anuncio del Gobierno del arancelamiento de la universidad para los extranjeros se desarma apenas se pone la lupa sobre cómo funciona el sistema en la actualidad. Pese a que el vocero presidencial, comunicó que la Casa Rosada tiene la intención de que se comience a cobrar a estudiantes no residentes, la realidad es que actualmente quienes ingresan ya cuentan con un DNI, otorgado por Migraciones de manera muy rápida y no pagan porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior.
No sé aclaró si la reforma migratoria correrá a partir de un decreto presidencial o por vía legislativa.
Es un sinsentido la idea de cobrarle a los “no residentes”, porque básicamente con ese estatus ninguna persona extranjera está habilitada para estudiar y va contra la autonomía de las universidades.
La única excepción a esa regla, serían los casos de estudiantes extranjeros que llegan al país para hacer un intercambio temporal.
Entender el anuncio seria especular sobre los caminos legales. Que se avance efectivamente en la reforma que podría cambiar la Ley de Migración, además de prohibir que se otorgue la residencia a quienes vinieran a estudiar. Pero hay un choque inevitable con la gratuidad que establece la Ley de Educación Superior. Esta modificación ya se quiso hacer en la primera versión de la Ley de Bases del verano pasado y fracasó por la oposición.
El Gobierno podría adoptar el sistema de Estados Unidos, en el que hay distintos tipos de visa, para luego presentar un trámite específico de ciudadanía o residencia.
Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero, detalló Adorni para sostener la tesis de que arancelar va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio, justo cuando está en disputa el presupuesto 2025, que el Gobierno no quiere sancionar y en donde la partida específica para universidades está a la mitad de los reclamado por el CIN: $3,8 billones frente a $7,2 billones.
De acuerdo con el último dato estadístico oficial, recolectado por el Ministerio de Capital Humano, el 4,3% de la matrícula de las universidades estatales corresponde a estudiantes extranjeros. En todo el sistema público, al 2022, se registraron 91.984 estudiantes extranjeros. El informe no desglosa entre “residentes” y “no residentes” porque solo los extranjeros con DNI o con documento en trámite están habilitados a cursar carreras de grado y posgrado.
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