En 28 meses, un docente universitario titular con dedicación exclusiva cobró 18,5 millones de pesos menos –a precios constantes de abril de 2026– que si su salario se hubiera mantenido en los niveles de noviembre de 2023. Es el equivalente a ocho sueldos completos.
Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), publicado en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
Expone una de las mayores caídas salariales del sistema universitario desde el regreso de la democracia.
Según el informe, un docente titular con dedicación exclusiva dejó de percibir aproximadamente 18,5 millones de pesos a valores constantes de abril de 2026 respecto de lo que hubiera cobrado si su salario se hubiese mantenido al nivel de noviembre de 2023.
La caída del salario real alcanzó el 34,5% en términos reales. En noviembre de 2023, el salario básico bruto de un docente titular con dedicación exclusiva equivalía a $2.415.741 a valores actualizados, mientras que en abril de 2026 cayó a $1.582.283.
El deterioro comenzó a profundizarse tras la devaluación de diciembre de 2023 y la aceleración inflacionaria posterior. Sólo entre noviembre de 2023 y julio de 2024, los docentes universitarios perdieron alrededor del 23% de su poder adquisitivo. Durante ese período, la inflación acumulada fue del 134,6%, mientras que los salarios aumentaron apenas 80,4%.
La situación impactó todavía más fuerte en los cargos de menor dedicación. Algunos docentes con dedicación simple llegaron a perder más del 32% de su salario real debido al congelamiento de la garantía salarial mínima.
Distintos informes coinciden en que los salarios universitarios quedaron entre los más deteriorados del sector público argentino. Investigaciones de universidades nacionales señalaron incluso que los docentes argentinos pasaron a ubicarse entre los peores remunerados de América Latina medidos en dólares.
El ajuste también impactó sobre el presupuesto universitario general. Más del 80% del gasto destinado a universidades nacionales corresponde al pago de salarios, por lo que la reducción presupuestaria terminó trasladándose directamente a docentes y no docentes.
El informe del IAG sostiene además que el gasto universitario de 2025 retrocedió a niveles equivalentes a los de 2007, pese a que desde entonces se crearon 13 nuevas universidades nacionales y se incorporaron más de 768 mil estudiantes al sistema.
En paralelo, comenzaron a multiplicarse las renuncias de docentes, la reducción de dedicaciones y la migración de profesionales hacia otros trabajos fuera del ámbito académico. Algunas facultades advirtieron dificultades crecientes para sostener investigaciones, proyectos científicos y el dictado normal de clases.
La crisis salarial y presupuestaria fue uno de los principales motores de la Marcha Federal Universitaria. Miles de estudiantes, docentes, investigadores y graduados volvieron a movilizarse en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país, bajo consignas vinculadas al financiamiento educativo y la defensa de la universidad pública.
La masividad de la convocatoria dejó en evidencia que el conflicto universitario ya excede una discusión sectorial. Para gran parte de la comunidad educativa, lo que está en juego es el futuro de uno de los principales sistemas de educación pública de América Latina.
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