La Cámara de Diputados sesionará hoy para debatir el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Se espera una masiva manifestación en las inmediaciones del Congreso a favor de revertir la medida dispuesta por el Ejecutivo, que a su vez aspira a conseguir los votos suficientes para hacer fracasar el intento de la oposición de insistir en la normativa vetada.
Milei vuelve a demostrar que, cuando apuesta por la negociación política en lugar de la amenaza y el maltrato, se acerca con mayor facilidad a los éxitos legislativos para sostener su plan económico. Esta vez, tras lo que parecía una derrota cantada, logró inclinar la cancha en su favor y, con su apuesta por diputados radicales y gobernadores no alineados, desarmar el escenario que indicaba que el Congreso lograría sin esfuerzos revertir el veto presidencial a la fórmula de recomposición y actualización de las jubilaciones. Es interesante la forma en que Milei se come a los opositores. A los diputados de la UCR los llamó basuras, ratas, pisoteó a Yrigoyen y a Alfonsín, y sin embargo y ahí están.
La Cámara Baja sesionará desde las 11. Hasta ayer, la expectativa de los principales bloques opositores era reunir más de 160 votos y, ayudados por posibles ausencias, acercarse a los dos tercios necesarios e implementar la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.
La Cámara decidirá este miércoles la pulseada final entre el Gobierno y la oposición por el veto. El quiebre en el radicalismo que logró el Ejecutivo ayer con la postal de cinco legisladores de la UCR en la Casa Rosada anticipa que el oficialismo tiene las mayores chances de ganar la disputa política.
A la ya habitual concentración de los miércoles frente al palacio legislativo para repudiar el veto presidencial, que fue reprimida las últimas semanas por las fuerzas de seguridad, se sumarán hoy otras organizaciones, lo que permite prever que una multitud marchará en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Con el veto el Gobierno obturó la fórmula jubilatoria que proponía una recomposición del 8,1% en los haberes y un aumento anual a partir de la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La ley además garantizaba un haber mínimo y la discutida medida de que se cancelen las deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. La narrativa oficial fue el costo fiscal de casi 2 puntos del PBI para el año próximo, pero no trascendió qué recibieron a cambio los radicales que se dieron vuelta un día antes de la sesión.
Se viene un miércoles de alta tensión.