La Justicia de Estados Unidos ordenó que se retiren las boyas alambradas instaladas en el río Grande, conocido también como río Bravo, para evitar el paso de migrantes y puso un plazo de nueve días para que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, cumpla con la orden judicial. Cabe mencionar que el río Bravo cubre la mitad este de los más de 3 mil kilómetros de la frontera de Estados Unidos y México.

El tribunal federal con sede en Austin, capital de este estado sureño, coincidió con los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden, que exigía la suspensión de la instalación de esta barrera.

Abbott anunció inmediatamente que apelaría la decisión de retirar las boyas del río Grande, diseñadas para girar si alguien trata de agarrarse a ellas y que, a cada lado, tienen unos discos metálicos dentados. 

Esta barrera de boyas color naranja de unos 300 metros está tendida en el sector de Eagle Pass, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras, uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos y que conforma una frontera natural entre ambos países.

En su fallo, el tribunal federal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio "construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande", en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión.

También ordenó "reubicar antes del 15 de septiembre" todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante "en la orilla del Río Grande del lado de Texas", informó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México, que había informado en agosto pasado del hallazgo de dos cuerpos en la zona de estas boyas,expresó su acompañamiento a la resolución de la Justicia estadounidense.

El juez justificó su decisión por los "daños causados por la barrera flotante", citando "las enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México", así como "amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura".

Además, la corte consideró "probable" que la sentencia de fondo sea favorable al gobierno federal estadounidense.

Su instalación en julio pasado generó una pronta controversia en el vecino país latinoamericano, donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la calificó de una "provocación" que viola la soberanía de su país.