Martín Guzmán se refugió el fin de semana en Chapadmalal. Por 72 horas, escoltado por su staff más cercano, mudó a la plana mayor de Economía a la residencia de verano para traducir en texto, artículos y datos un paquete de medidas anti crisis y que, según la hoja de ruta oficial, el gobierno pretende anunciar durante la esta semana.

Ocurre que no hay otra manera de salir de la pobreza en esta coyuntura inflacionaria que no sea con una inyección de dinero. Ni siquiera tener un empleo alcanza: según el INDEC hoy hay un 7% de desempleo y un 37,3% de personas pobres. Para los trabajadores formales el gobierno dispuso una reapertura de paritarias que ya comenzaron a tener lugar. Pero hay al menos un 40% de los trabajadores que viven en la informalidad y que el año pasado ya perdieron 10 puntos de poder adquisitivo.

Es un consuelo de tontos pensar que la inflación que azota ahora a la Argentina coincide con un pico de inflación en todo el mundo, a diferencia de la que acabó con la popularidad de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los pobres están hundiéndose más en la pobreza y la clase media cada vez compra menos, con lo que se acentúa el proceso que viene sufriendo desde hace cuatro años. O el gobierno del Frente de Todos actúa con medidas de impacto en el corto y el mediano plazo para doblegar en serio la inflación o la fuerte recuperación económica se abortará, a las protestas piqueteras de la izquierda se agregarán la crispación de los sectores medios y en 2023 volverá al poder Juntos por el Cambio, pero ya no con la receta moderada de 2015, sino con una de ajuste severo, flexibilización laboral, fin de las moratorias previsionales y privatizaciones.

Por ello, el gobierno está analizando la posibilidad de implementar un nuevo bono similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 

Se financiaría con un proyecto para gravar la renta presunta de los sectores que tienen ganancias extraordinarias en la situación actual. Pero para eso, por tratarse de un nuevo impuesto, debería pasar por el Congreso. También se especula, podría pagarse con el salto de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI.

El menú lo mencionó, al menos en parte, el ministro en una entrevista en C5N pero en Economía no dan precisiones.

Tiene, a simple vista, puntos en común con lo que Cristina Kirchner propone. O, a su modo, plantea con medidas como la que anunció hace 10 días, junto a Sergio Massa: el aumento de 20 mil pesos para los empleados parlamentarios, un auxilio de shock que se incorpora al salario frente a la estampida inflacionaria. El expediente “ganancias extraordinarias” está, hace tiempo, en el lenguaje K. La continuidad del IFE, o el salario universal como versión más pretenciosa.

A su modo, con el respaldo explícito de Fernández, Guzmán parece transitar el mismo sendero. Puede leerse como un entendimiento implícito, entre Alberto y Cristina: el presidente sostiene a su ministro; la vice consigue que cierta medida, se avance con políticas que ella reclama. ¿Significa que se ordenó la interna? No, en mayúsculas. Pero, por lo pronto, la crisis dejó temporalmente de escalar.

Para poder avanzar en ese camino igual haría falta conseguir la aprobación del Fondo. A eso precisamente se abocarían en la semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce. ¿Podrán?