

Argentina le pidió este martes a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron la demanda.
Por 2010 comenzaba a construirse el mito del potencial de Vaca Muerta, la roca subterránea donde se sabía que había petróleo y gas desde hace 80 años, pero que no se podía explotar porque no estaba desarrollar una técnica eficaz.
Más del 50% de la capacidad de refinación de petróleo está en manos de YPF, que opera tres plantas con una capacidad de 340.000 barriles día. Parte de esa producción se destina a sus 1.680 estaciones de servicio, que controlan el 31,9% del mercado interno. Además, la petrolera opera poliductos de 2.140 kilómetros que transportan crudo, de los cuales 1.800 también son inyectados con productos refinados.
YPF lidera en producción petroquímica. Sin incluir su productora de fertilizantes Profertil, su capacidad de producción se elevada a 1,7 millones de toneladas anuales. Sus productos principales son BTX (benceno, tolueno y xilenos mixtos), metanol y propileno, que se utilizan para tratamientos estéticos y médicos, para industrias como la indumentaria o la elaboración de combustibles.
La petrolera también cuenta con otras empresas: Metrogas, la distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); YPF Luz, de energía solar; Y-Tec, de desarrollo tecnológico; YPF Gas, de garrafas; Oiltanking, de almacenamiento;: Oldelval, de transporte de crudo; la química Mega y la firma norteña de refinación y estaciones de servicio Refinor, entre otras.
YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska..
De los 261.000 barriles día que extrae, el 13%, va a exportación. De los 37 millones de metros cúbicos producidos de gas, clave con la ola de frío, el 94% se consume internamente y el 6% se exporta. Es decir, todavía se envía poco hidrocarburo al exterior, pero lo suficiente para revertir el déficit energético que sufría la Argentina hace tres años, que se equilibró en 2023 y se convirtió en superávit desde 2024 gracias a las menores importaciones y las mayores ventas al exterior de hidrocarburos de Vaca Muerta.
Las previsiones sobre Vaca Muerta recibieron un golpe simbólico y potencialmente material por el fallo. En la práctica, no se cumplirá, ya que la decisión será apelada ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito y, eventualmente, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En noviembre del último año, el Departamento de Justicia de EE. UU. decidió intervenir en el juicio por la expropiación de YPF en apoyo a la posición argentina, presentando un escrito comoamicus curiae ante el tribunal que conduce Preska. La administración norteamericana argumentó entonces que permitir la entrega forzosa del 51 % de las acciones de YPF a los fondos demandantes vulneraría principios fundamentales del derecho internacional y del marco legal estadounidense.
Se trata de un nuevo capítulo de los evidentes problemas lógicos de la sentencia, que por una parte minoritaria de las acciones asigna un valor de 16.100 millones de dólares, que supera con creces el de la totalidad de la compañía y que podría todavía incrementarse con un nuevo cálculo de intereses devengados.
El gobierno estadounidense podría ir más lejos e, incluso, intentar impugnar la pertinencia de tratar el caso como un aspecto comercial y pedir la consideración de las cuestiones de ejecución involucradas como una cuestión de política exterior, privativa del presidente de los Estados Unidos, que limitaría el poder de las instancias judiciales.
Desde el desarrollo de Vaca Muerta hasta la mirada sobre la soberanía, el fallo amenaza poner en cuestión varios de los fundamentos de la gobernabilidad. La respuesta debería trascender un par de tuits del presidente.