En lo económico el mito fiscal seguramente más dañino, es el que afirma que el déficit fiscal no es un problema. Que la escasez de dólares puede ser un problema, pero no que el Estado tenga más gastos que ingresos. Una bandera que se perdió y genera relatos desopilantes en la política doméstica. 

Lo real es que, cuando el déficit fiscal excede los límites dentro de los cuales el sector privado lo puede financiar sin mayor riesgo, lo que crea es inestabilidad, con sus consecuencias de alta inflación y falta de crecimiento económico. Lo venimos experimentando; el único período de los últimos 28 años en que hubo al menos 12 trimestres seguidos de crecimiento fue desde el 4° trimestre de 2002 hasta el 3° de 2008 (24 trimestres seguidos de crecimiento). No por casualidad, fue también el de mayor solvencia fiscal.

El resto del tiempo hemos sufrido, a la corta o a la larga, las consecuencias de la falta de responsabilidad fiscal: acumulación de deuda que termina siendo impagable y/o alta inflación. 

El nivel de subsidios indiscriminados es negativo hasta desde el punto de la equidad, porque es un mal criterio de equidad subsidiar en función de cuánto se gasta de electricidad y gas. Es malo desde el punto de la eficiencia, porque lleva a sobreconsumo y, sobre todo, desde el punto de vista macroeconómico, porque consolida o amplía el déficit fiscal en un momento como este, en el que necesitamos estabilidad y crecimiento.

Otro mito, es el de que el gobierno anterior fue el campeón de la disciplina fiscal, que logró reducir el déficit hasta lograr el equilibrio hacia el fin de su mandato. En la gestión Macri inicialmente el déficit subió, luego bajó, pero concluyó con un registro similar al del último año de gestión de Cristina Kirchner. No hay un motivo técnico para considerar que es mejor gastar en intereses de la deuda que en “gasto primario”.  La Argentina pendular.

Alberto Fernández tiene previsto dar a conocer el paquete de medidas que definió como “guerra contra la inflación”. Si bien se anunció se hará desde Tucumán, no se descarta que finalmente se traslade a Buenos Aires donde el presidente tiene agenda pautada para el viernes.

El diseño del paquete de medidas se conocerá, al menos parcialmente, ese día. Durante martes y miércoles, el presidente escuchó y analizó propuestas.

El menú que procesa el gobierno es repetido y clásico: control de precios, acuerdo con el sector, fideicomisos como el del trigo y un esquema de incremento, o posibilidad de, retenciones para desanclar los precios internacionales del mercado interno.

Pero la táctica de Fernández para lanzar su guerra contra la inflación tiene un flanco débil: la situación interna del gobierno, en una relación de extrema tirantez con Cristina Kirchner, y con una fractura expuesta donde distintos dispositivos del Estado, algunos clave en materia de precios, no parecen responder a los mandatos de la Casa Rosada. 

Con la coalición incendiada, sin certezas sobre el rumbo ni tampoco sobre lo que ocurrirá luego del acuerdo con el FMI y CFK, cualquier medida de gobierno surgiría en ese contexto sin potencia. Con este nivel de crisis interna qué poder tiene para salir a ponerle límites a los grupos que fijan los precios. Cualquier cosa que se decida, para que funcione, debe ser sobre una base de situación política interna más clara.

Los ruidos políticos por el FMI y la crisis de vínculo que desató el ataque a las oficinas de Cristina Kirchner, agudizaron una pésima convivencia que agrava el escenario difícil de las malas noticias económicas que llegan del mundo.

Por eso, casi en paralelo a los anuncios, y en medio de una tensión explícita con el kirchnerismo, Alberto debe Fernández tratar de apagar la crisis política que dejó el acuerdo con el FMI y lograr algunas pautas mínimas de convivencia. O bien decidir con quienes gobernará hasta el final de su mandato.

Sin eso, cualquier medida de gobierno arrancará frágil.