El Gobierno emitió un comunicado en el que avisa que el presidente remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI. El anuncio es confuso porque un DNU tiene fuerza de ley, no se manda al Congreso.
Al ser un DNU, entra en vigencia apenas sea firmado por el jefe de Estado, quien de esta manera se estaría autorizando a sí mismo a suscribir el acuerdo por un nuevo préstamo con el organismo, a menos que las dos cámaras del Congreso rechacen ese instrumento en sesión por considerarlo inválido.
La medida, anunciada anoche en Twitter por la cuenta Oficina del Presidente, es cuestionada por la oposición, que pide ver el acuerdo, que aún no se conoce.
Los legisladores lo pueden tratar y rechazarlo. Pero como decíamos, alcanza con una cámara que no lo rechace, para que siga vigente.
La legislación indica que un nuevo acuerdo con el Fondo debe ser enviado al Congreso para su discusión y aprobación, e incluso aclara que se “requerirá una ley”. El Gobierno se propone que diputados y senadores se lo aprueben sin detallar el contenido.
En su anuncio el Gobierno señaló que el acuerdo con el Fondo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro cancelará su deuda con el Banco Central, pero no precisó a qué monto ascenderán los nuevos desembolsos.
“Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”, afirma el comunicado.
La operación hasta lo que se conoce implicaría tomar nueva deuda con el FMI y cancelar la existente con el Banco Central. Esos dólares luego se van por la cuenta corriente cambiaria. Solo en ochos meses salieron u$s 8.200 millones.
Una película que ya vimos.
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