Diputados dio media sanción al proyecto que declara a la educación como servicio esencial

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara a la educación como "servicio estratégico esencial". La normativa dispone que, en caso de paro, las escuelas deben permanecer abiertas con una guardia mínima.

La medida busca equiparar a la educación con otros servicios considerados esenciales como la salud, la producción y distribución de gas, energía eléctrica y agua potable y el control del tráfico aéreo.

La propuesta es resistida por los sindicatos docentes, que denuncian que limita el derecho a huelga de sus trabajadores. El martes, la CGT declaró persona no grata al redactor de la normativa. El proyecto de Finocchiaro, exministro de Educación durante el Gobierno de Mauricio Macri, establece un esquema de guardias mínimas en las escuelas durante los paros. Si se aprueba en el Senado, en los dos primeros días de cada medida de fuerza, el 30% de los directivos, docentes y nodocentes deberán de estar presentes en los establecimientos para garantizar las clases. Desde el tercer día, el porcentaje subirá al 50%.

La propuesta obtuvo media sanción con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Los rechazos provinieron de los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que el radicalismo, La Libertad Avanza y la mayoría de los bloques provinciales acompañaron la iniciativa.

Luego de la aprobación del proyecto para limitar el derecho a huelga de los docentes en las escuelas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales propuesta por el radicalismo. Entre otras cuestiones, la normativa busca recomponer el presupuesto de las instituciones de educación superior y recomponer los salarios docentes.

Los docentes y no docentes universitarios iniciaron esta semana una serie de medidas de fuerza a raíz de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. La propuesta del bloque de Unión por la Patria, que contaba con el dictamen de mayoría, fue rechazada con 126 votos en contra y 90 a favor. Incluía una suba del presupuesto universitario de acuerdo con la inflación interanual y una indexación bimestral atada al Índice de Precios al Consumidor del Indec y a los aumentos del dólar y las tarifas. También obligaba a recomponer los ingresos de los trabajadores, a incrementar los montos y las cantidades de las becas Progresar y a destinar más recursos para financiar proyectos científico-tecnológicos y de extensión universitaria.

El proyecto del radicalismo, que llegó al recinto con dictamen de minoría, se aprobó con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención. Incorpora el incremento del presupuesto universitario y la indexación bimestral de la propuesta peronista y plantea también una recomposición salarial, aunque de forma subsidiaria a la paritaria colectiva del sector.