De acuerdo con el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 15% de los trabajadores asalariados del país no logra acceder a una alimentación adecuada.
El estudio advierte que la inseguridad alimentaria ya no se limita al desempleo, sino que afecta también a quienes tienen un empleo formal. La pérdida del poder adquisitivo, la precariedad laboral y las desigualdades estructurales son las principales causas detrás de este fenómeno.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA indicó que incluso entre los empleados formales, el 7% enfrenta inseguridad alimentaria. El informe sostiene que “la alimentación adecuada es parte de las condiciones de trabajo dignas”, y que su deterioro refleja “problemas más profundos vinculados con los ingresos y la falta de protección social”.
La diferencia entre quienes tienen un empleo registrado y los trabajadores informales es significativa. Aquellos sin aportes previsionales presentan niveles de inseguridad alimentaria cuatro veces más altos. Según el estudio, la precariedad laboral, los bajos salarios y la inestabilidad se traducen en una mayor vulnerabilidad frente al acceso a alimentos básicos.
Las desigualdades también se evidencian en la educación y el nivel socioeconómico. En hogares con bajo nivel de instrucción o en situación de pobreza, la inseguridad alimentaria supera el 30%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria se reduce al 4%.
El informe detalla que las tasas más altas de inseguridad alimentaria se registran en el conurbano bonaerense y en el interior del país. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires presenta los valores más bajos, lo que muestra el impacto del desarrollo territorial y la infraestructura económica sobre el acceso a los alimentos.
Otro aspecto destacado es el papel de los sindicatos: los trabajadores afiliados cuentan con mejores condiciones alimentarias, gracias a convenios colectivos, paritarias y beneficios complementarios. Sin embargo, los subocupados, empleados informales o con jornadas reducidas son los más afectados.
Las diferencias por género y edad también son relevantes. Las mujeres y los jóvenes asalariados presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres y los adultos mayores. Para la UCA, estos datos confirman que la alimentación debe entenderse "como parte del derecho al trabajo digno”.
En su conclusión, el estudio resalta que el empleo continúa siendo una condición necesaria pero ya no suficiente para garantizar una buena alimentación. La combinación de salarios depreciados, inflación y precariedad laboral ha extendido la inseguridad alimentaria a franjas de la población que históricamente quedaban fuera de este problema estructural
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