Se viene el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60.

La aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones. El Gobierno Nacional, a través del  Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.

En un contexto en el cual la energía y el agua son focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica, la decisión de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea preocupaciones. La ola privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60.

Se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperará U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en las últimas décadas. 

El saldo es negativo. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante los 90, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado de competencias, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar, que no realiza nuevas obras, que no invierte en mantenimiento y no reduce tarifas. 

Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional.

Una matriz energética fosilizada como la argentina es dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.

A medida que la crisis climática impacta cada vez más, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales.

Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción. 

La privatización de estos puntos nodales del sistema energético y ambiental demostrará ser una estrategia fallida.