El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, metió un gol político-electoral con el anuncio del final del cobro del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, una vieja bandera del sindicalismo, tanto que en su momento fue motivo de un enfrentamiento entre el moyanismo –uno de los sectores que representa a los trabajadores de mayores ingresos– y Cristina.
El tema, que tiene sus interpretaciones, incluso en materia de igualdad o justicia social, supone, de cualquier modo, un impacto fuerte en una campaña avara, y mete a la oposición en un brete difícil de resolver.
La medida se expresará en un proyecto de ley que se enviará al Congreso para eliminar la llamada "cuarta categoría" a partir del 1 de enero próximo, pero en los hechos comenzará a regir desde el primer día del mes que viene merced a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que elevará el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos.
Cuando anticipó la medida el miércoles de la semana pasada en una aparición televisiva, desde Juntos por el Cambio hubo chicanas y lo azuzaron a no esperar a ganar las elecciones. Insólitamente, esas referencias del antiperonismo no lo vieron venir y Massa lo hizo.
Cómo hace la oposición para oponerse cuando se trata de un beneficio tangible para 800.000 contribuyentes-votantes, que verán una mejora de sus ingresos de hasta el 21%. Cómo si fue una de las mayores promesas del gobierno de Mauricio Macri…
Imponiendo por fin un tema de agenda, que, además, se da la mano con el clima de época de menor interferencia del Estado, incluso a contrapelo del cristinismo, Massa metió un pleno que necesitaba.
Más allá de que el gravamen tenga el nombre de "impuesto a las Ganancias" y que pueda argumentarse que el salario no es tal cosa, la imposición a los ingresos más altos es una medida fiscalmente progresiva y común en la mayoría de los países del mundo. Massa está beneficiando a los mejor remunerados, quienes ganan hasta 15 salarios mínimos.
Hay que recordar que en la Argentina jueces y juezas, fiscales y empleados y empleadas del Poder Judicial nunca han pagado Ganancias y que la alícuota más alta de ese gravamen es del 35% para las personas más ricas, que aparte, la mayoría de las veces lo eluden o evaden.
El país se merece un replanteo general y verdaderamente progresivo de su edificio fiscal, que haga sustentables las necesidades de inversión y asistencia y apunte a un equilibrio presupuestario ya ineludible. Falta racionalidad en este debate.
Massa no logra salir de la camisa de fuerza de un a coalición que sigue pensando una Argentina que ya no existe porque le resulta más sencillo interpelar al mundo del trabajo formal, uno que la flexibilidad laboral impuesta de facto por el mercado ha achicado sensiblemente en las últimas décadas en términos relativos.
Cómo alcanzar, cómo aliviar a quienes no saben de aguinaldo, vacaciones, relación de dependencia no salarios que puedan ser alcanzados por Ganancias. Ese sería el próximo paso para tener chances. Según los últimos datos oficiales, en Argentina hay 2,9 millones de personas que son monotributistas o autónomos. Mas los informales. La mejor medida hubiera sido en su momento aquella promesa de hace 18 meses. Pelear y ganar la batalla contra la inflación.
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