Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a la hora de la votación en particular, no pudo avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro. Ante la posibilidad de que fuera rechazada, el oficialismo optó por retirar el artículo.

La iniciativa contemplaba que se prorrogue dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año próximo. La misma le permitiría al Gobierno fijar retenciones con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios.

Otro de los artículos que generó polémica fue el que proponía el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa había sido incluida sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue duramente criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados.

La oposición de la Cámara de Diputados impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial. Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.

Durante el debate, desde el oficialismo remarcaron que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces será de $237.850 millones para 2023. “Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, había planteado el diputado Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, detalló el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.

Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.