No había forma de esconder el horror. Tampoco era fácil salir vivo del infierno. Por unas razones y otras, España fue uno de los lugares de Europa al que llegaron refugiados argentinos y, al mismo tiempo, se convirtió también en uno de los escenarios donde se denunciaron los horrendos crímenes de la dictadura argentina y se mostró solidaridad y apoyo hacia las Madres de Plaza de Mayo.

El gobierno de Felipe González filtró datos de protestas por los desaparecidos a la última dictadura cívico-militar argentina, según publicó ayer el diario español Público. De acuerdo a la publicación, el gobierno español colaboró con tareas de control y seguimiento a quienes denunciaban a la dictadura cívico-militar desde España.

Los documentos revelan que el 7 de noviembre de 1983, con la dictadura a punto de entregar el poder, el gobernador civil de Madrid se puso en contacto con la embajada argentina para avisar que se desarrollarían concentraciones delante de la sede diplomática argentina en España.

El gobierno español envió información específica sobre quién había solicitado el permiso para la manifestación, cuándo y en dónde ocurriría y cuál era el objetivo.

También hubo contactos directos para tratar de cerrar acuerdos a nivel diplomático. El gobierno español hizo gestiones ante la cancillería argentina controlada por la dictadura para conseguir el apoyo en el intento de España por ingresar a organismos internacionales. Esto ocurrió en al menos seis ocasiones.

La decisión de facilitar esos datos podía entrañar graves riesgos y se enmarcó en un contexto sumamente delicado. Tres años antes, la dictadura argentina había asesinado en Madrid a una de esas madres: Noemí Gianotti de Molfino, una mujer que denunciaba el secuestro y desaparición de su hija y su yerno, fue secuestrada en Lima en junio de 1980 y llevada a Madrid donde fue asesinada. El caso fue cerrado en cuestión de meses por un juzgado de Madrid pese a que, entre otras pruebas, existían huellas dactilares de los asesinos.