El Gobierno usa las estaciones de tren para convocar a hacer denuncias contra el paro. La medida, convocada por la CGT y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina reclama la recomposición salarial urgente de los trabajadores y repudia las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.
Por segunda vez, el Gobierno inunda las estaciones de tren con carteles en pantallas y mensajes en altoparlantes contra el paro general que la CGT encabeza hoy. “Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denunciá al 134”, decía el mensaje, difundido en redes sociales.
La huelga será la tercera contra Javier Milei en lo que va de su mandato, pero no se parece a las anteriores. Esta vez llegó con prólogo, una movilización al Congreso que tuvo lugar ayer por la tarde, con una marea sindical y social que se encolumnó detrás del reclamo de los jubilados. La CGT se sumó a un clima de protesta que desde hace semanas viene construyéndose desde abajo, con más convicción en las calles que en las cúpulas.
Lo que en otros tiempos podía leerse como una decisión estratégicas, parece una reacción inevitable. Las consignas, paritarias libres, rechazo a los despidos, defensa de la educación y la salud pública, oposición al acuerdo con el FMI, que está a punto de formalizarse, anticipan el tono de una jornada que pondrá a prueba no sólo al sindicalismo, sino también a un Gobierno que empieza a sentir que el descontento dejó de ser marginal.
La clave estuvo en el transporte. El impacto en el AMBA define buena parte del éxito o el fracaso de una huelga general. La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias. Legalmente, el gremio no puede adherir al paro. Políticamente, se desinfla el efecto de la protesta.
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