El Gobierno decidió intervenir para que las empresas de medicina prepaga no puedan actualizar sus cuotas por encima de la inflación durante seis meses y pidió en la Justicia que retrotraigan los montos de sus cuotas a diciembre.
La información oficial dice que, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, se presentó una medida cautelar en el Juzgado 9 de la Cámara Civil y Comercial, a cargo de Mercedes Maquieira, contra la decisión empresarial que afectó a más del 75% de los abonados de prepagas en el país.
Si la Justicia coincide, deberán descontar el próximo mes lo que hayan cobrado en sus abonos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En enero, la Coalición Cívica presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una denuncia por “potencial conducta de cartelización”.
En el decreto 70/2023, más conocido como Mega DNU, el Gobierno había decidido desregular los valores de las cuotas de las compañías de medicina prepaga. Las principales empresas acordaron las subas, en algunos casos muy por encima de la inflación, y desde Casa Rosada se las acusó de cartelización. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, renunció a la presidencia de la cámara que las agrupa.
Bajo este cuadro, los afiliados no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la Justicia. Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.
Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.
No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.
Pero subyacen otras cuestiones complejas. El Gobierno, mirando las encuestas, impuso el máximo peso de su decisión sobre las prepagas pero no menciona a otro sector bien concentrado: los laboratorios. A la par de la desregulación de la medicina prepaga, hubo un festival de actualizaciones para las farmacéuticas. Otra objeción que podrá discutirse judicialmente es la falta de igualdad ante la ley que se desprende de la decisión gubernamental.
El Gobierno se enfrenta a su contradicción más feroz: por un lado, debe defender la vigencia del DNU –la matriz de reformas de Javier Milei que todavía sigue en pie-, pero que es precisamente el instrumento que las empresas aducen que le posibilitó hacer lo que ahora el Ejecutivo les censura.
Es decir, sacan una resolución en vez de modificar el DNU, porque sería letal para su vigencia, y luego presentan un amparo en el que piden regular algo que ellos mismos pueden hacer. No se le pide a los tribunales que definan ya desacuerdos políticos, sino que les delegan funciones ejecutivas.
Es evidente que se bajó una bandera ideológica o un caballito de batalla del presidente, con excusas y atendiendo a los reclamos de un sector al cual le tocaron el bolsillo en varios frentes.
Lo mejor que puede hacer la oposición en su competencia por el amor popular con el oficialismo es elogiar con desborde emocional la lucha intervencionista de Milei contra las Prepagas. Pero parece que se están poniendo inercialmenfe del lado de las prepagas. Sorpresa.
Seguramente la marcha por la educación sea multitudinaria, pero no tiene ese efecto. Hoy, todo es por plata.
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