Con más demora que lo esperado y con menos precisiones que las necesarias, pero con la dureza esperada, llegó el plan de ajuste que provocará un fogonazo inflacionario, una caída inicial severa de la actividad y una degradación de la calidad de vida de la clase media que será difícil de olvidar.
Las consecuencias sociales y políticas de esto, y que surgirán con mayor claridad en las próximas líneas, son fáciles de concebir, pero difíciles de mensurar. Comienza para el flamante gobierno el reto de la gobernabilidad.
El dólar oficial, que el gobierno anterior dejó en $400, subirá a $800. Esto va a impactar directamente sobre los alimentos, los combustibles y las tarifas de luz y gas. Ya varias empresas venían remarcando previendo una moneda norteamericana a $650, pero el salto es mayor. Subirá la inflación, que ya galopaba al 160%.
Esta vez no se prevé que los salarios aumenten tanto como después de la devaluación de agosto. Por tanto, los precios sólo se frenarán cuando la demanda caiga demasiado. Además, habrá un aumento provisorio del impuesto PAÍS a las importaciones, con lo que se encarecerán más que el doble.
Lo que está claro es que la población padecerá aún más, al menos en el comienzo del gobierno de Milei. Si el nuevo presidente ajusta todo lo que quiere y no retrocede porque la población no lo soporta y surge el conflicto en la calle, o en el Congreso o en la Justicia, entonces en el mediano plazo puede que la economía comience a funcionar de vuelta porque la mano de obra y las exportaciones se abaratan.
Si el mercado percibe que el plan de Milei no funciona, los dólares paralelos tarde o temprano subirán y la brecha, que ahora se reduce con el salto del oficial, se volverá a ampliar. El blue cotizó este martes a $1.070. Lo que está claro es que hay votantes que soñaban con cobrar en dólares, pero recibirán pesos más depreciados.
Pero el impacto en la inflación no se acota en el dólar porque este no es el único precio que dejó atrasada la administración anterior. Hay otros que debían subir. La pregunta es cuánto. El ministro no lo precisó, pero anunció que se reducen los subsidios que las clases media y baja cobran en las tarifas de luz y gas. También se recortan los que perciben los pasajeros de los trenes y colectivos en los boletos, sobre todo los del AMBA.
Caputo no paralizará las obras públicas en marcha, pero sí las venideras. En este caso fue menos riguroso de lo pensado, quizás teniendo en cuenta que hay más de 400.000 empleos en juego.
El millón de personas que reciben el plan Potenciar Trabajo por media jornada laboral que supuestamente deben cumplir en organizaciones sociales, provincias, municipios o iglesias recibirán la misma plata que en 2023. Dado el ritmo al que galopa la inflación, es posible que en 2024 puedan comprar por lo menos un tercio menos de lo que adquirían este año. Caputo duplicará la asignación universal por hijo (AUH) a los 4 millones que la perciben y el 50% la tarjeta Alimentar, que cobran 2,5 millones.
No sólo el Estado sino también el sector privado pagan el sablazo. Incluso los gobernadores lo sufrirán a la hora de pagar los gastos de salud, educación y seguridad. También los exportadores no agrícolas, a los que les subirán las retenciones.
No sólo habrá inflación alta. También caerá la actividad económica mucho más que el 1,5% que venía bajando en 2023. Ojalá que no sea tanto como el 10% de 2002 o el 11% de la pandemia en 2020. Estamos en estanflación, pero estaremos mucho peor, con la ilusión de que algún día comencemos a mejorar.
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