Al filo de la veda de anuncios del tramo final de la campaña electoral, Sergio Massa lanzó dos bonos de 47.000 pesos cada uno, a pagarse el 15 de octubre y 15 de noviembre a casi 2,8 millones de personas que trabajan en la informalidad y no cuentan con ninguna cobertura social.
Esta suerte de mini-IFE, que no será automático sino que requerirá inscripción, beneficia al último sector que le tocaba atender, después de la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre el salario, el refuerzo de jubilaciones y pensiones, la devolución del IVA en compras con tarjeta de débito y medidas para monotributistas y autónomos.
Pone así toda la carne, con lo cara que está, en el asador antes de la elección general del 22 de octubre y, con suerte, del ballotage del 19 de noviembre, lo que renueva las quejas por lo que la oposición entiende como un uso irresponsable y partidista de la maquinaria del Estado, vicio de larga data de la política argentina a la que no ha sido ajeno nadie. Tampoco Massa, claro.
Los paquetes precedentes totalizaban, ya sea por gastos extra o por impuestos que se dejarían de cobrar, 1,3% del PBI, algo que amenaza con convertir en papel mojado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece una reducción del déficit fiscal del año a 1,9%.
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