Atentado a Cristina: no hay pistas políticas y para la Justicia fue un grupo suelto

Este viernes 1° de septiembre alrededor de las 21 horas habrá transcurrido un año del intento de homicidio de la vicepresidenta. Desde aquella noche, cuando la tragedia rozó la cara de la expresidenta, la investigación judicial que debe determinar las responsabilidades en torno al hecho ha sido un nuevo foco de tensión permanente con el Poder Judicial. El eje del choque radica en el alcance de la responsabilidad intelectual en el atentado.

La causa quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. Ambos fueron recusados por la defensa de la vicepresidenta a lo largo del proceso. Días más tarde fueron detenidos la pareja de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, quien figura como coautora del crimen, y el jefe de “la banda de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

El 23 de septiembre se incorporó a la causa el nombre del diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio. Un testigo aseguró haberlo escuchado en un bar hablar con dos asesoras sobre el atentado dos días antes de que ocurriera. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó que se pueda periciar su celular. La causa fue elevada a juicio oral y público en junio de este año, contrario al pedido de la querella, que pedía seguir con la investigación.

La última presentación de la vicepresidenta en el expediente plantea que la Justicia debe investigar a la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, quien actualmente habita en la vivienda de Ximena Tezanos Pintos, vecina de Fernández de Kirchner en Recoleta. Según el escrito, podría ser el nexo entre la banda detenida por el intento de magnicidio, la organización Revolución Federal y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman, ya que una presunta socia de una de las colaboradoras del legislador también trabaja en el canal de noticias. El mismo canal en el que Uliarte y Sabag Montiel aparecieron poco tiempo antes del atentado protagonizando un móvil en la vía pública.

Una de las principales quejas de la querella, representada por los abogados penalistas Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, es que la jueza Capuchetti no realizó a tiempo las medidas de prueba que podrían haber arrojado información sobre las pistas políticas, algunas de las cuales se están realizando actualmente tras la orden de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Hasta el momento, las pistas han sido analizadas por dos jueces y dos fiscales de instrucción -en el expediente del atentado y otros sobre el grupo Revolución Federal- y tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones sin avances contundentes que prueben una conexión directa de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo con posibles responsables políticos o intelectuales del intento de magnicidio.