Para sorpresa de nadie

La filtración de los diálogos que incluye a dos directivos del principal grupo mediático de la Argentina, un ex jerárquico de la agencia estatal de inteligencia, cuatro jueces federales, el procurador de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Seguridad porteño tiene similitudes políticas con las revelaciones sobre Sergio Moro. La existencia de una confluencia ubicada en los bordes de la legalidad y, en este caso, para encubrir la existencia un viaje del que los esfuerzos en disimular dicen mucho en relación a su contenido, confirma varios de los relatos más cuestionados del kirchnerismo, muchas veces percibidos y descartados como una mera victimización.

La cercanía revelada entre los integrantes del chat, la confianza personal y política, la disposición de los magistrados a cometer algunos delitos e infracciones sugeridos en los diálogos, explicita el modus operandi que envuelve el funcionamiento del esquema encargado de juzgar a la vicepresidenta.

Así como los bolsos de José López disiparon cualquier duda sobre la corrupción en la obra pública, las filtraciones cumplen la función de confirmar de un modo grotesco aquello que, durante mucho tiempo, se expresó como una sospecha.

Es temprano para saber si las revelaciones tendrán consecuencias políticas en nuestro país. En Brasil, medios como Folha de Sao Paulo entendieron que el origen ilegal de las filtraciones no debía ser un obstáculo para la revelación de elementos que informan el debate público y la búsqueda de la verdad, que como principio guía la tarea periodística.

Cuando en 2019 Moro quedó expuesto por una filtración de sus conversaciones privadas con fiscales e investigadores de la operación Lava Jato, obtenida a partir de una acción ilegal de espionaje y entregadas al medio The Intercept, Lula estaba preso. Los diálogos confirmaron todos los juicios y prejuicios que sobre la investigación contra el ex-presidente brasileño recogieron tanto críticos partidarios como imparciales, ya que revelaron intercambios que no dejaban dudas sobre la parcialidad del juez, la colusión con los fiscales y la promiscuidad con medios y políticos. Todo aquello estaba ahí, escondido a la vista de todos. 

El teléfono intervenido es el del ministro de Seguridad porteño. ¿Quién tiene los recursos millonarios para, en caso de haber sido un hackeo, financiar una operación de esta naturaleza? ¿Quién conoce, además, los pocos proveedores que podrían hacerlo? No hay, hasta el momento, ninguna evidencia ni indicio de que provenga de ningún área ligada al Estado nacional o al actual oficialismo en ninguno de sus matices.. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿El propio D’Alessandro, debilitar a Rodríguez Larreta o el Ministerio de Seguridad de la Ciudad? ¿Una interna partidaria o del submundo de la inteligencia y las fuerzas? ¿Todas las anteriores?

Nada que sorprenda en un país que, a punto de cumplir cuarenta años de democracia ininterrumpida, tiene una deuda gigantesca en su justicia, medios, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.