

Jair Bolsonaro enfrenta a la justicia en Brasil en un juicio que se proyecta que dure dos semanas. Él y otras personas de su círculo cercano, han sido imputados por golpe de Estado. Drones con cámaras térmicas para detectar movimientos sospechosos, perros rastreadores, detector de metales y un férreo control de la Policía Militar jamás visto en Brasil.
La sede del Supremo Tribunal Federal de Brasilia, asaltada el 8 de enero de 2023, recibe desde este martes el juicio más esperado de la historia del país.
Que un expresidente rinda cuentas ante un tribunal no es una rareza en la región. En Colombia, Álvaro Uribe fue declarado culpable de fraude procesal, en un caso que se prolongó durante 13 años y concluyó con la primera condena penal de importancia para un expresidente de ese país.
En Argentina, Cristina fue condenada a prisión en junio e inhabilitada para ocupar cargos públicos por el resto de su vida, debido a cargos de corrupción. En Bolivia, Evo Morales, que gobernó el país casi 14 años, tiene una orden de búsqueda ya que se lo acusa de trata de personas.
Y en Perú, donde existe un centro de detención destinado a presidentes, el mes pasado se dictó prisión preventiva a Martín Vizcarra, con lo que pasará a ser el cuarto presidente encarcelado del país.
El mandatario actual de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pasó tiempo en la cárcel debido a una condena. En el caso de Bolsonaro, que lideró el país entre 2019 y 2023 y buscó reelegirse, la justicia lo acusa de encabezar un amplio complot para revertir las elecciones de 2022 y quedarse en el poder luego de ser derrotado en las urnas. Entre las medidas de las que se lo acusan están: sembrar desconfianza sobre el proceso electoral; otorgar facultades especiales al ejército, desmantelar el poder judicial e incluso envenenar a su rival.
El caso se complica porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene amplios poderes y el país se cuestiona algunos de los fundamentos de su democracia.
Los cinco magistrados de la sala primera dictarán sentencia sobre Bolsonaro y los otros siete imputados del núcleo de la conspiración. Sus deliberaciones serán retransmitidas en directo. Para el presidente de EEUU, Donald Trump, el juicio es “una caza de brujas” y en un intento explícito de presión castigo a Brasil con aranceles del 50% y a los jueces, con sanciones. Jair Bolsonaro no está obligado a comparecer. Lleva semanas preso en su casa.
Además de la gravedad de los delitos y la importancia de los acusados, hay otros factores que contribuyen a la trascendencia del juicio, explica Glezer, profesor de derecho constitucional: “Este es un test de fuerza sobre la capacidad de los tribunales para conseguir castigar a esos líderes autoritarios que intentan dar golpes de Estado. En ese sentido, la relevancia trasciende Brasil. Es profundamente importante para América Latina, pero también para el mundo. Por eso, Trump ha intervenido tan explícitamente”.
Muchos brasileños y estadounidenses que observan desde lejos, ven este momento como un triunfo de la democracia. Brasil, que salió de una brutal dictadura hace 40 años, habrá logrado algo que Estados Unidos no pudo: llevar a juicio a un expresidente acusado de cargos penales por intentar aferrarse al poder tras perder unas elecciones.
Sin embargo, el modo en que Brasil lo hizo deja al país con preguntas incómodas sobre la misma democracia que trató de proteger.
El 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, la derecha brasileña planea protestas masivas para pedir la destitución de Moraes y denunciar el procesamiento de Bolsonaro.
Lula sería, según la consultora AtlasIntel, favorito para el primer turno, pero sin mayoría. Así, en un escenario de segunda vuelta, coincidió con el mencionado estudio de Bloomberg en que, si se votara hoy, sería vencido por casi dos puntos, 48,4% a 46,6%, por el gobernador derechista de San Pablo y exministro bolsonarista Tarcísio de Freitas.