

En 2024, las ejecuciones alcanzaron la cifra más alta desde 2015, según un informe de Amnistía Internacional. Se registraron 1.518 penas de muerte. Arabia Saudita, Irak e Irán llevaron a cabo 1.380 del total.
Pero el número en realidad es mayor. La organización aclara que la cifra no contempla a países como China, donde se cometen un gran número de ejecuciones, pero de los que no se disponen datos.
Según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, se registraron 1.518 ejecuciones, la cifra más alta desde 2015, la mayoría en Oriente Medio. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.
Las cifras conocidas no incluyen personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte. Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.
Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas. En total, estos tres países llevaron a cabo la impactante cifra de 1.380 ejecuciones. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones y Arabia Saudí duplicó su total anual, mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior, cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.
En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo.”
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen.
Amnistía Internacional observó cómo dirigentes utilizaban la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población. En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas, frente a 24 en 2023.
El nuevo presidente electo Trump invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población. Su declaración promovía el discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasivo contra la delincuencia.
En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas.
En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad.
República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.
Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas.
“Los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas. Se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas.”
En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.