Empieza a regir en España la ley que modifica la de Propiedad Horizontal y empodera a las comunidades de vecinos, que podrán dar o no el visto bueno a los alquileres turísticos, ante los problemas de acceso a una vivienda.
Los nuevos alquileres temporarios para turistas requerirán de la aprobación expresa de la comunidad de propietarios del edificio, con un respaldo de tres quintas partes. Sin ese consentimiento, los dueños podrán exigir el cese inmediato de esta actividad y hasta iniciar acciones judiciales.
La nueva ley orgánica, que introduce reformas significativas en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, recoge que el propietario de una vivienda que quiera realizar actividades de alquiler turístico debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios.
Además, el presidente de la comunidad, requerirá a quien realice la actividad sin que haya sido aprobada, el cese inmediato de la misma antes de iniciar en su caso las acciones judiciales pertinentes.
El acuerdo expreso para aprobar un piso turístico, limitarlo, condicionarlo o prohibirlo requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Con esta medida, el Gobierno busca exigir una autorización previa. También trabaja en un paquete fiscal, que entre otros puntos, pretende que los alquileres turísticos sean considerados una actividad económica más y tributen IVA.
Hay un gran consenso para limitar o regular los alojamientos turísticos, que colisionan con el derecho a la vivienda, elevando el precio del alquiler y limitando la oferta de alquiler residencial.
“Hace falta menos Airbnb y más vivienda", ha manifestado la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, que es partidaria de prohibirlos en las zonas donde más afecta.
Los hoteleros reiteran que hay que frenar el "desmadre" de los pisos turísticos, mientras que las plataformas piden diálogo y limitaciones "justas, proporcionadas y necesarias" y señalan el impacto que tienen para las economías locales.
España, un destino turístico muy popular y está abordando los problemas causados por el turismo excesivo. A partir de enero de 2025, Málaga impuso el congelamiento de tres años en las nuevas matriculaciones de alquileres vacacionales en 43 distritos. Esta medida pretende reducir la masificación y preservar los barrios residenciales.
La política responde a la creciente frustración local por los altos precios de los alquileres y la congestión en las calles. Málaga introdujo la prohibición, tras la propagación de las protestas por toda Europa , especialmente en destinos populares como Barcelona y las Islas Canarias.
Te puede interesar
Lo más visto
