El bloqueo a X en Brasil

La red social X fue suspendida este sábado en Brasil, después de que las principales operadoras del país acataran la decisión del juez de la Corte Suprema de Justicia, Alexandre de Moraes, que ordenó el cierre de la red social de Elon Musk ante el incumplimiento de órdenes judiciales impuestas a la plataforma.

El bloqueo fue ordenado después de que la red social X, bajo la dirección de Elon Musk, no cumpliera con la exigencia legal de nombrar un representante legal. Esta figura es fundamental para garantizar que las operaciones de la plataforma cumplan con la normativa local, un requisito obligatorio para todas las empresas tecnológicas que operan en el territorio.

Más allá de esta cuestión legal, el bloqueo se enmarca en un contexto más amplio de disputas entre Musk y el Tribunal Federal (STF), particularmente con el juez Alexandre de Moraes. Musk ha sido acusado de permitir que X se convierta en un espacio para la difusión de desinformación y discursos de odio.

El bloqueo de X no solo implica que la página esté inaccesible para los usuarios en Brasil, sino que también conlleva sanciones económicas significativas para la plataforma. Se han impuesto multas diarias por cada día que X eluda la medida, un castigo que podría escalar rápidamente si la red social no toma medidas para resolver la situación.

El incidente también abre un debate más amplio sobre la influencia de las plataformas en la política y la seguridad de los países. El bloqueo de X podría tener implicaciones profundas en el discurso político y en la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información.

La medida ocurre en un momento delicado para la democracia brasileña. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, las autoridades están especialmente vigilantes sobre el potencial de las redes sociales para influir en los resultados electorales.

El caso de Brasil podría sentar un precedente en cómo otros países abordan la regulación de las redes sociales y la responsabilidad de las empresas tecnológicas. A medida que se intensifica la disputa entre Elon Musk y el gobierno brasileño, el futuro de X en uno de los mercados más grandes de América Latina permanece incierto.

Hasta el momento, Elon Musk no dio señales claras de cómo planea resolver el bloqueo. Aunque X tiene la posibilidad de apelar la decisión del STF, la falta de un representante legal en Brasil complica cualquier intento de resolución.

Mientras que algunos ven la intervención como una defensa necesaria de la integridad democrática, otros la consideran una amenaza a la libertad de expresión.

El magistrado determinó multas diarias de 50.000 reales, casi 9.000 dólares, a quienes intentaran acceder a la red social mediante el Virtual Private Network (VPN), una herramienta que crea una conexión segura entre un dispositivo e internet y que es utilizado para proteger la privacidad online.

El enfrentamiento entre el viene de hace meses. De Moraes ordenó a la red social que eliminara una serie de perfiles por supuestamente desinformar a la población y adoptar actitudes y mensajes antidemocráticos. Musk se negó a hacerlo y acusó al juez de actuar sin motivos.

La sentencia del magistrado se sustenta en la difusión de noticias falsas, bajo la sospecha de haber cometido delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen. De Moraes afirmó que tomó esa determinación por “el incumplimiento de órdenes judiciales” por parte de X y por la “tentativa de no someterse al ordenamiento jurídico brasileño” con la intención de “instituir un ambiente de total impunidad y de tierra sin ley”.

Las recientes decisiones de la Justicia han perturbado a Musk, que acusa al juez brasileño de ser “un dictador disfrazado de juez”, y ha arremetido contra Lula. La suspensión de la red social estará activa hasta que “sean cumplidas” todas las órdenes judiciales y pagadas las multas millonarias impuestas a X.

Brasil es uno de los países del mundo con más usuarios activos de X, unos 20 millones. Esta no es la primera vez que la Justicia brasileña determina la suspensión de una red social. Ya ocurrió con YouTube (2007), WhatsApp (2015 y 2016) y Telegram (2023) por falta de colaboración en diversas investigaciones judiciales.