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Alta inflación, contratos precarios y discriminación: las dificultades para alquilar alcanzan a todo el país y abarca a distintos sectores sociales.
Las dificultades habitacionales que encuentran para alquilar las personas que no poseen una vivienda propia atraviesan al país y se agravaron, como consecuencia de un marco económico que complica las posibilidades de acceder a un inmueble.
El precio de los alquileres significa una pesada carga sobre familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar. Esta situación se ve agravada por convenios precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos, indicó un informe elaborado por la Fundación COLSECOR, una ONG creada para la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo.
Según el relevamiento, la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego son los territorios que presentan la mayor cantidad de personas que alquilan viviendas para habitarlas: 34,8% de la población porteña y 32,3% de la fueguina, de acuerdo al último Censo. A esos distritos le siguen la provincia de Córdoba, con casi un cuarto de personas, 24,2%, que son inquilinos y Chubut, con 21,2%.
Para Daniela Gargantini, Doctora en Arquitectura e investigadora del Conicet en el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) en Córdoba, el alquiler pasó a ser en las últimas décadas un modo de vida permanente que, además, padece el agravamiento que causa la falta de regulación legal y la gestión del suelo urbano, que en la mayoría de los casos aparece inaccesible por la ausencia del Estado.
El CEVE lleva adelante desde 2013 un relevamiento acerca de la situación del mercado inmobiliario de vivienda para alquiler. Sus investigadores observaron que en los seis meses de gobierno que lleva el presidente Javier Milei aumentó la oferta de inmueble para la renta debido a una liberación por parte de los propietarios, que por considerar que las condiciones legales anteriores no le eran beneficiosas, se habían retirado del mercado. Sin embargo, esto no se traduce en mayores oportunidades para quienes necesitan alquilar.
Por el contrario, el incremento de la oferta de viviendas, no se refleja en una mayor accesibilidad, porque los valores de los alquileres en todo el país “han aumentado principalmente debido a la inflación y la búsqueda de rentabilidad” de los propietarios.El informe elaborado por COLSECOR destacó que se observa un acortamiento de los contratos.
Históricamente la oferta de alquileres escapaba a la lógica que rige en el mercado inmobiliario de compra y venta en dólares, pero desde la aparición de plataformas que promueven la renta temporaria de viviendas en moneda extranjera se transformó en una práctica más generalizada porque, además de ser económicamente más rentable, permitió en los últimos años eludir los alcances de la Ley de Alquileres.
Además, que ante la ausencia de una normativa clara se observaron en el último tiempo sesgos discriminatorios, a la hora de alquilar una vivienda. “Por ejemplo, se prohíben niños, mujeres solas, jubilados, migrantes, personas discapacitadas o con mascotas. Incluso, llegan a reservarse el derecho de admisión a pesar de tener capacidad adquisitiva”, sostienen.
El panorama actual muestra un mercado de alquiler desregulado que plantea incertidumbre sobre el futuro habitacional de parte de la población.
Las dificultades que distintos sectores de la población encuentran al momento de alquilar una vivienda también afecta la vida estudiantil en ciudades que tienen como característica la oferta universitaria, entre ellas Córdoba, Rosario y La Plata. En la capital cordobesa, los estudiantes que llegan desde distintos lugares de la provincia u otros distritos del país recurren al llamado “coliving”: compartir entre varios una vivienda de uno o dos ambientes para que el nivel de gastos impacte lo menos posible en la vida cotidiana.
En Rosario, por su parte, el promedio de los precios de alquiler de monoambientes ronda los $150.000 y el de los departamentos de dos ambientes es de $185.000. Los aumentos interanuales de los valores, tomando en cuenta los meses de abril, fueron de 172,7% y 164,3%, respectivamente, montos que no incluye el pago de las expensas, las cuales alcanzan en promedio el 10 y 20% del costo de alquiler.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), autor del relevamiento en la ciudad santafesina, expuso que los jubilados que cobran un haber mínimo de $241.283 deben destinar el 62,2% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir las expensas ni los servicios públicos.
El informe elaborado por COLSECOR también destacó que el déficit habitacional es un problema persistente en el país, porque un gran número de personas en la Argentina no cuenta con una casa propia, vive en condiciones precarias o carece de un acceso adecuado a una vivienda digna. El Censo poblacional de 2022 concluyó que el 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% de los argentinos (casi 8 millones de personas) es alquilado.
A eso se suma que menos de la mitad, 40%, de quienes cuentan con vivienda particular tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario).
De acuerdo a números del INDEC, sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas, mientras que el gas de garrafa es utilizado por el 43,9% de las viviendas del país.
Además, la falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas, una gran porción de las cuales son alquiladas en barrios populares, puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes.