Malvinas: una herida abierta en la memoria

Hay un momento que se puede indicar como punto de inflexión de la absurda guerra de Malvinas, el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. 

La intransigencia del gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher y la impericia política de los mandos militares argentinos, encabezados por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, dejaron allanado el camino para el inicio de las hostilidades en el Atlántico Sur. 

El 2 de mayo el crucero Belgrano, que viajaba hacia el continente, fue atacado por el Conqueror, que se convirtió así en el primer submarino de propulsión nuclear en hundir una embarcación. 

Tras confirmar con Londres en tres oportunidades la orden, el comandante del sumergible lanzó a las 16.02 tres torpedos desde una distancia de cinco kilómetros. Dos proyectiles dieron en el Belgrano y un tercero golpeó el casco del ARA Bouchard, una de las naves que, junto al ARA Piedrabuena, se encontraban escoltando a esta antigua nave botada en Estados Unidos, que había sobrevivido al ataque japonés sobre la base Pearl Harbor en 1941 y como parte de las operaciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial.

El ataque del Conqueror dejó un saldo de 323 argentinos muertos, la mitad de los efectivos que cayeron durante la contienda, y si bien hubo presentaciones para que esa tragedia se investigara como un crimen de guerra, la Armada se encargó de desestimar esa posibilidad, al declarar en los años ’90 que el Belgrano había sido hundido como parte de una acción bélica.     

El discurso de Milei entonces genera expectativa debido a sus declaraciones previas en las que expresó su admiración por la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher, quien tomó la decisión de atacar el crucero General Belgrano, acción considerada hoy por el país como un crimen de guerra.

Ademas existe una causa judicial donde se investigan presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra y se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben. La mega causa posee más de 200 militares imputados.

“Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’. Por esta demora tuvimos que acudir a la CIDH que el año pasado declaró el caso como admisible y ahora será el Estado argentino el que se tenga que hacer cargo”, analizó el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), Ernesto Alonso.

Según Alonso, lo ocurrido con los soldados conscriptos en plena guerra de Malvinas sirve para demostrar cómo “el plan sistemático de violación de los derechos humanos aplicado por la dictadura en el continente también se trasladó a las islas”.

La causa judicial lleva 17 años de tramitación y “ya debería estar en la instancia de juicio oral”, pero “nos enfrentamos a un poder que trata de tapar el vergonzoso desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto y que insiste en definirlo como una gesta patriótica”, insistió Alonso.

El integrante del Cecim admitió que a este escenario se suma el accionar del actual Gobierno Nacional, cuyos funcionarios niegan los crímenes cometidos por la dictadura.

“Tenemos una figura como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel que esgrime un discurso de falso nacionalismo y que niega el rol de la dictadura. Y un presidente como Javier Milei que ha reivindicado a Margaret Thacher o una canciller como Diana Mondino que no cumple con el mandato constitucional de reivindicar la soberanía sobre Malvinas”, enumeró el excombatiente.