Organismos de DDHH y hasta Villarruel cuestionan que militares actúen en seguridad interior

El País 22 de marzo de 2024
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El anuncio de Patricia Bullrich y Luis Petri de que el Gobierno impulsará una reforma legislativa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en operativos de seguridad interior encendió las alarmas sobre el rol de los militares bajo la gestión de Javier Milei.

Con posturas muy disímiles, desde organismos de derechos humanos hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionaron la iniciativa oficial.      

Los ministros instalaron el tema la misma jornada en que la agrupación H.I.J.O.S denunció que una militante fue abusada y violentada en su domicilio, y que en su casa dejaron como insignia la firma libertaria “VLLC”.

Todo a días de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se espera una masiva marcha a Plaza de Mayo en repudio a la dictadura, mientras la Casa Rosada tiene en agenda emitir un spot sobre su propia visión del Día de la Memoria.

Bullrich y Petri justificaron la actuación de las FFAA a partir de la grave crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por la violencia de las bancas narcos. Por eso el mote de “terrorismo”. Pero los cambios a la Ley de Seguridad Interior que plantea el Gobierno libraría el accionar de los militares en todo el país, cuando hoy están abocadas exclusivamente al control de las fronteras.

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La iniciativa será la modificación del artículo 27 de la Ley 24.059, más conocida como Ley de Seguridad Interior, sancionada en 1991. En ese apartado se explicita que el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea sólo pueden asistir logísticamente a situaciones internas a pedido de un comité de crisis, pero no realizar tareas de patrullaje, control de personas o detenciones. Es lo que sucede actualmente en Rosario, donde se conformó una instancia de emergencia que encabezan el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Bullrich y Petri. Seguridad envió agentes federales, mientras Defensa proveyó vehículos y, esta semana, helicópteros.

“En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, dice el artículo 27 mencionado.

En la reunión de la comisión de Seguridad Interior hubo un repudio generalizado entre todas las bancadas al ataque a la militante de H.I.J.O.S. De hecho, a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la UCR hasta se plegó el diputado de LLA Álvaro Martínez.

La propuesta oficialista generó rechazo en organizaciones especialistas en la materia. “La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales, y en cambio abre la puerta a escenarios de mayor violencia”, denunciaron desde el CELS.

Inesperadamente, y con argumentos totalmente opuestos a los de los organismos de derechos humanos, por la noche la que le bajó el pulgar a la iniciativa de Petri y Bullrich fue Villarruel, quien dio una explosiva entrevista al canal TN. Luego de admitir que tuvo ceder ante la decisión de Milei cuando asumió el gobierno de no dejarle a su cargo las áreas de Seguridad y Defensa, la vice arremetió: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado.

Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura.

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