La ciudad santafesina está paralizada. Anoche hubo cacerolazos de protesta y hoy no hay clases ni colectivos ni atención médica en los centros de salud, tampoco hubo anoche recolección de basura.
En la ciudad, los hechos y el sentido de las palabras parecen atropellarse, al punto que el último y conmocionante crimen narco deparará desde hoy una fuerte actuación federal y militar por ahora en el marco de la ley de seguridad interior. La ciudad teme y el país también.
Hablar o no de terrorismo no es inocuo, sobre todo en un contexto en el que el Estado nacional y el estado santafesino promocionan una acción que parece descansar en la saturación del territorio con fuerzas federales, el Plan Bandera tan prematuramente festejado y en exhibiciones efectistas "a lo Bukele". Esto último no es menor, dado que las proclamas de los sicarios remiten a esas políticas carcelarias como motivadoras de la actual escalada.
Los desastrosos resultados de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México son elocuentes al respecto.
Más allá de lo anunciado ayer, lo que Bullrich y Luis Petri buscan aplicar a mayor escala en el mediano plazo es resistido por los cuadros de las Fuerzas Armadas, sentimiento que recoge Villarruel, quien conoce mejor que los mencionados el pensamiento de la familia militar.
Si las policías locales, están infiltradas por los narcos, hay que posar la lupa sobre los riesgos que supone exponer a fuerzas federales que tampoco están demasiado bien remuneradas al contacto con esos poderes corruptores. El argumento vale doble cuando se trata de las Fuerzas Armadas, recurso de última instancia de la seguridad del Estado.
La UTA Rosario decidió seguir por tiempo indeterminado con el paro de colectivos que se extendió todo el fin de semana y se sumaron docentes para reclamar mayor seguridad ante los atentados que sufrieron choferes de transporte público en los últimos días.
El gobierno de Santa Fe vincula estos tres asesinatos a quemarropa a las bandas narco, porque usaron balas de la policía. El sábado hubo otro más, un sicario mató al playero de una estación de servicio y dejó una nota dirigida al gobernador, Maximiliano Pullaro: “Vamos a matar más inocentes”. Horas después, se informó una balacera en una cárcel. Las estaciones de servicio cerraron durante la noche.
El Gobierno nacional informó que asistirá a la provincia con las fuerzas federales en un comité de crisis y aseguró que “las Fuerzas Armadas han sido facultadas para otorgar asistencia”. Hoy, los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich viajan a Rosario.
A comienzos de este mes, un penitenciario fue herido de bala en una emboscada a un micro que trasladaba a agentes del penal. Tras ese episodio, autoridades de Seguridad santafesinas difundieron imágenes de requisas intensas en la cárcel Piñero, con los presos desnudos, al estilo de las que hace circular el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Se cree que estas muertes son una represalia por eso.
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