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La justicia británica no decidirá sobre la extradición de Assange a EEUU hasta marzo
El mundo 23 de febrero de 2024![IMG_0213](/download/multimedia.normal.9d137ec052f79b91.SU1HXzAyMTNfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)
Tras años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.
Este caso arrancó en 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación.
Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión.
Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias.
Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más.
Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo.
Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.
La Constitución de Estados Unidos no define con precisión lo que es y no, un periodista. Un caso de este tipo podría llegar a la Corte, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa.