Cataluña declara la emergencia ante la peor sequía de su historia

01 de febrero de 2024
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Catalunya está oficialmente en emergencia por sequía. Más de tres años seguidos con déficit de lluvias han vaciado los embalses y se ha decidido anunciar este jueves que más de 200 municipios, entre ellos todo el área metropolitana de Barcelona, entran en fase de emergencia debido a la falta de reservas hídricas.

El Gobierno llevaba meses tratando de evitar este escenario, el más extremo dentro del Plan de Sequía, pero los pantanos del sistema de ríos Ter y Llobregat están ya por debajo del 16% de su capacidad, el umbral fijado para la emergencia.

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La declaración, que entra en vigor este viernes, afecta al grueso de la población catalana, unos seis millones de habitantes que viven en Barcelona y su área metropolitana, pero también en otras ciudades como Girona, Mataró o Granollers. En total, son 202 municipios, los que reciben el agua del sistema Ter-Llobregat, y que se suman a la treintena de localidades en comarcas como el Empordà que ya estaban en alerta máxima.



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La nueva fase conlleva restricciones a las actividades económicas y al consumo de los hogares. Sobre lo primero, se debe reducir un 80% el riego agrícola y un 25% el uso industrial de agua. También quedan paralizados los nuevos proyectos urbanísticos. En cuanto a los hogares, se reduce el consumo a 200 litros por habitante y día, aunque se trata de una media que deberá controlar el Ayuntamiento. 

Aunque no está fijado en el Plan de Sequía, algunos municipios ya han avanzado que también reducirán la presión del agua de los grifos. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) comenzará haciéndolo en los cinco municipios que superan el umbral de los 200 litros por habitante. Lo que se descarta por ahora son cortes del suministro.

En cuanto a las multas a los particulares que incumplan las restricciones, dependen de los ayuntamientos. En el caso del Área Metropolitana de Barcelona, serán desde 30, 50 o 200 euros por lavar un auto, regar un jardín o llenar una piscina, respectivamente; hasta infracciones consideradas más graves que pueden ir de 750 a 3.000 euros. 

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