El tiro del final: transferencia de ingresos de pobres a los que más ganan

Al cabo de cuatro años de una pesadilla con peleas y desarreglos internos, el difunto Frente de Todos logró encolumnar a sus fracciones detrás de una medida. Unos 800.000 trabajadores de sueldos medios-altos y altos dejarán de pagar el impuesto a la renta. Se trata de 6% de los 13,2 millones de trabajadores registrados o de cerca de 4% de la fuerza laboral argentina, incluidos los empleados en negro y cuentapropistas. El costo fiscal del beneficio a ese sector privilegiado será de $1 billón y lo pagará toda la población.

Una picardía permitió celebrar a Sergio Massa y los suyos. Interpretaron, con bastante razón, que la oposición se había colocado en una encerrona y que el candidato de Unión por la Patria logró instalar un tema en la semana dominada por el índice de inflación mensual de 12,4%.

Massa regresó así a su versión antikirchnerista de 2015, que había hecho del impuesto a las ganancias un caballito de batalla, y al instinto que le valió hasta ahora capacidad para reinventarse en el juego feroz de la política argentina, a la vez que le genera desconfianza de una parte del sistema.

La crisis de un sistema político se puede medir por indicadores sociales y económicos. Los centrales, pobreza, deuda, inflación, PBI per cápita, salario, se encuentran peor que hace una década.

Otra vía para constatar la profundidad de la crisis llega por el dato de que los cinco candidatos presidenciales de un país con ese cuadro social consideran un objetivo prioritario que el 6% de los trabajadores registrados de mayores ingresos queden exentos de un gravamen que existe en gran parte del mundo, con una carga mucho mayor en Francia o Alemania, y mucho menor en Paraguay o Guatemala.

Ese monto es menos de la mitad del piso de ganancias que existía en la Argentina hasta la semana pasada, medido por la cotización oficial, en un país como Francia, en el que el transporte, el alquiler de la vivienda, los servicios y gran parte del supermercado son notoriamente más caros.  

En Francia, el tributo a la renta personal para cualquier trabajador (sea soltero o casado con hijos; varían las tasas) comienza a ser cobrado a partir de € 10.777 de ingresos anuales. Ante la evidente mejor calidad de la educación, la salud y el transporte públicos franceses frente a los argentinos, se desprende la pregunta de si esos logros se alcanzarán cobrando impuestos como en Francia o en Guatemala.

Dado el avance de dos posturas de derecha, que se desviven por demostrar quién aplicará más recortes, podría esperarse una alianza del peronismo con sectores que levanten la bandera de una reforma impositiva que tienda a la igualdad: mayor carga a las rentas altas, grandes fortunas, eliminación de exenciones absurdas; menos IVA e ingresos brutos y mejores condiciones para pymes y autónomos de ingresos bajos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero una forma de empezar es no arrasar en plena campaña electoral con un impuesto progresivo que, de por sí, representaba una de las cargas más bajas incluso entre países sudamericanos. Pero se trata ante todo de pelar por una porción del electorado.

Con el nuevo esquema, unos 90.000 directivos de empresas, gerentes y jubilados de privilegio que ganen más de $1.770.000 quedan comprendidos en el tributo de ganancias. No es difícil prever que un juez aguarde predispuesto un pedido de cautelar para que cese el cobro contra un pobre gerente que se sienta discriminado.

A los pocos días del anuncio sobre el impuesto a la renta de trabajadores en relación de dependencia, Economía anunció la devolución de IVA para compras de la canasta básica alimentaria con un techo de beneficio de $18.000 mensuales por contribuyente y créditos a tasa subsidiada para 21 millones de personas. La diferencia en el bolsillo del descuento para la familia de ingresos bajos que no siempre tiene a mano un comercio que le facture en blanco y el plus de ganancias para el empleado con un sueldo hasta $1.770.000 habla por sí sola.

En la estimación de EPyCA consultores, parte de esa exención del IVA podría ser recuperada por mayor consumo y pago de otros impuestos, dado que incentivaría la formalidad de la compra. El costo total entre la modificación de ganancias e IVA será, según la firma que dirigen Martín Kalos y Fiorella Robilotta, de 1% del PBI. Los fondos no están, y si llegan por vía de la emisión de billetes, la inflación hará lo suyo.

Con precios de los alimentos que se dispararon 15,6% en agosto y 133% en el último año, reservas negativas y caída de la actividad, que el ministro de Economía gane las elecciones presidenciales solo será posible si una mayoría deja de lado la realidad efectiva y sale en defensa del Estado y la democracia para evitar la llegada de la ultraderecha al fin del mundo. Todo es posible.