Fuerzas armadas mexicanas fueron cómplices de desaparición de estudiantes, según nuevo informe

En su último informe, el panel independiente que investiga la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en 2014 responsabilizó al Estado mexicano por el hecho.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga el caso desde hace 8 años. El reporte concluye que las fuerzas de seguridad a nivel local, estatal y federal sabían sobre el secuestro de los jóvenes y fueron cómplices de sus desapariciones.

El grupo sostiene que el motivo del crimen todavía no está claro. Los restos de solo tres de las víctimas fueron identificados.

El grupo indaga además en la actuación del brazo policial de la Fiscalía de Guerrero durante y después del ataque, la policía ministerial. Los expertos señalan su participación en el ataque contra los normalistas en sus escenarios principales y, en general, la omisión de las autoridades respecto de su responsabilidad. A día de hoy, su jefe en la época, un marino retirado, ni siquiera ha sido llamado a declarar.

Sobre la Armada, el informe resulta revelador, al menos en lo que toca a la versión que dio el Gobierno anterior de lo ocurrido. Entre finales de 2014 y principios de 2015, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto aseguró que la red criminal que atacó a los estudiantes los mató, quemó sus cuerpos en un basurero y arrojó los restos a un río. La prueba de ello fue el hallazgo de huesos de uno de los 43 desaparecidos en el río. La administración actual de la Fiscalía califica esta versión de montaje.

El GIEI dice ahora que marinos vieron la bolsa con los huesos en el lugar un día antes de su hallazgo oficial, el 29 de octubre. No solo eso: ese mismo día había en ese rio otras ocho bolsas con restos que no han vuelto a aparecer.

Los expertos critican, como lo han hecho estos años, las resistencias del Ejército para entregar información, datos que podrían haber ayudado en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Inexplicablemente, el Ejército sigue escondiendo oficios y comunicados internos. El texto muestra un tira y afloja interminable entre ambos actores, que suele conducir a callejones sin salida: El GIEI señala la existencia de documentos, basándose en otros que lo demuestran; el Ejército responde que no los encuentra; el GIEI, con más documentos, concluye que miente.