Amnistía Internacional señala a los Gobiernos latinoamericanos por no “reducir las repercusiones” de la crisis climática

El informe anual de la ONG condena las violencias a los ambientalistas y la actuación “insuficiente” de los Estados.

Ya no es novedad  que la crisis climática castiga con vehemencia a América Latina. Desde hace décadas, la región  se ha convertido en uno de los más afectados por la suba del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y otros desastres como los huracanes. Tampoco es secreto que los esfuerzos de los mandatarios para contrarrestarla podrían haber sido mayores.

Para Amnistía Internacional, la respuesta de los Gobiernos, especialmente para salvaguardar a los pueblos indígenas, rurales y afrodescendientes, es “insuficiente”. “Los Estados no adoptaron las medidas necesarias para reducir al mínimo las repercusiones que la crisis climática tenía en los derechos humanos”, zanjó la organización en su último informe anual.

El estudio analiza de qué manera las políticas públicas, la desinformación y los extremismos, entorpecieron las libertades de los ciudadanos. En esta edición, la ONG condenó la degradación de los derechos de los defensores de la región y cómo se los sigue estigmatizando, hostigando y agrediendo con prácticas como la detención arbitraria, el desplazamiento forzado, la vigilancia ilegal, los juicios sin las debidas garantías e incluso el homicidio.

Las mujeres que buscaban a personas desaparecidas también estaban expuestas a un nivel elevado de riesgo, una tendencia que se ha mantenido también en 2025.

Países como Brasil, Ecuador y Venezuela aumentaron la extracción de petróleo y la quema de gas; se repitieron cientos de incendios en la región, especialmente en la cuenca amazónica, que causaron la pérdida masiva de ecosistemas frágiles; en Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufrieron amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra fueron asesinados.

Para Astrid Valencia, directora adjunta de la investigación para las Américas de Amnistía Internacional, el continente debería estar en alerta. “Sin embargo, estamos viviendo la indolencia de los Estados frente a las necesidades de los líderes y la complicidad con grupos que atentan contra ellos”, advirtió. “Hay países donde no hay mecanismos de protección y otros donde estos son insuficientes. Honduras, por ejemplo, es el país más letal para ser defensor y no está suscrito al Acuerdo de Escazú. Faltan garantías del derecho a defender derechos”.

América Latina es la región del mundo con mayores homicidios a activistas. Así lo volvía a confirmar Global Witness, en su último informe publicado en septiembre de 2024, donde apuntaba que de los 189 asesinatos producidos en 2023, el 85% se produjeron en este continente. La falta de mecanismos de protección en países como Honduras y República Dominicana o la impunidad de las muertes violentas en México, Colombia o Brasil, son la causa de esta situación.

Amnistía Internacional puso el foco también en las migraciones climáticas. En Brasil, las inundaciones que tuvieron lugar en el estado de Río Grande del Sur, obligaron a desplazarse a 600.000 ciudadanos. En Honduras, las comunidades del Golfo de Fonseca denunciaron los efectos negativos que el aumento del nivel del mar tenía sobre sus medios de vida y en México, las familias de la comunidad El Bosque, Tabasco, que había sido evacuada en 2023 por el ascenso del nivel del mar atribuido al cambio climático, fueron reubicadas sólo tras las actuaciones judiciales emprendidas por líderes comunitarios.

Con la inacción climática, las autoridades están condenando a generaciones presentes y futuras. La crisis climática tiene costos humanos.