El gobernador de Florida y candidato presidencial, Ron DeSantis, cuenta con un arma que ninguno de sus adversarios en el partido puede utilizar: firmó la reforma migratoria más estricta de todo el país. A partir del sábado 1 de julio, los migrantes en situación irregular sufrirán una persecución todavía mayor con nuevas limitaciones al acceso al empleo y a servicios públicos, entre otras medidas que prevé la entrada en vigor de la ley 1718.

El paquete legislativo supone también la aprobación de 12 millones de dólares para crear un mecanismo para trasladar a inmigrantes sin papeles a otros lugares de Estados Unidos. DeSantis, que el año pasado ya envió a cientos de migrantes en omnibus a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Martha's Vineyard, en Massachusetts, asegura que Florida “no es un estado santuario para los inmigrantes”, por lo que los enviará a estados con una legislación migratoria más laxa.

Entre otras medidas, la nueva legislación obligará a los hospitales que reciben el seguro de salud público a preguntar por el estatus migratorio de todos sus pacientes antes de ofrecer un tratamiento. El objetivo, según el senador que redactó la ley, el republicano Blaise Ingoglia, es “la recolección de datos para calcular la cantidad de dólares que se gastan en cada hospital para dar servicio a inmigrantes indocumentados”.

A pesar de que el Gobierno de Florida asegura que no va a negar los servicios de salud a los indocumentados, esto puede generar una sensación de indefensión y miedo a acudir a un hospital. Numerosos profesionales de la salud del estado rechazaron frontalmente esta medida, argumentando que podría disuadir a las personas que se encuentran de manera irregular en Florida de buscar atención médica hasta que su estado de salud ponga en peligro su vida, lo que en última instancia aumentaría las visitas a urgencias y los costos sanitarios.

En una carta abierta firmada por 80 centros de salud, sostienen que “disuadir a cualquier segmento de la población de buscar atención médica no solo es peligroso y pone en peligro la vida de las personas, sino que afecta negativamente a la salud pública y socava nuestros esfuerzos para mejorar la salud de todos”. Estos hospitales señalan que Florida se enfrenta a una escasez generalizada de personal médico, como la mayoría de los estados, y argumentan que los requisitos administrativos de esta ley agravarán todavía más esta situación.

La ley también obligará a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus migratorio de cada trabajador por medio de un programa online. En caso de no hacerlo, se enfrentarán multas de 1.000 dólares al día y, si hay reiteración, a la retirada de los permisos para operar, que supondrá el cierre de la empresa. Por su parte, los trabajadores que presenten documentación falsa se enfrentarán a un delito mayor que podría suponer una multa de 5.000 dólares y cinco años de prisión.

Este programa, llamado E-Verify, consta de una base de datos que sirve para confirmar si alguien cumple los requisitos para trabajar en Estados Unidos. Ante el temor de la entrada en vigor de la nueva ley, miles de trabajadores indocumentados ya abandonaron sus puestos de trabajo y se mudaron a otros estados, según Americans for Immigrant Justice.

La norma generó gran preocupación entre los migrantes, pero también entre los empresarios, ya que Florida es un estado fuertemente dependiente de la mano de obra extranjera irregular. Se estima que unas 400.000 personas sin papeles trabajan en el estado, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, donde representan el 10% de la mano de obra. El Florida Policy Institutecalcula que esta medida podría contraer el producto interior bruto del estado en 12.600 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros), un 1,1% anual.

La nueva ley contempla penas de cárcel de hasta 15 años de prisión a los individuos que con pleno conocimiento “oculten, alberguen, transporten o protejan” a personas que entraron ilegalmente en EEUU. Concretamente, las penas serán de cinco años de prisión y 5.000 dólares si la persona migrante es mayor de edad, y de 15 años de cárcel y 10.000 dólares si es menor de edad.