Arde Jujuy

La represión durante la jura de la nueva constitución provincial en Jujuy se da en el contexto de una movilización masiva e inusual en los últimos años. La reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y acompañada por el PJ local- unificó en el reclamo a comunidades originarias, sindicatos, organizaciones sociales y políticas que están dispuestas a continuar en las calles a pesar de la violencia policial.

Si bien el domingo Morales dispuso que se retrocediera en la modificación de dos artículos que atañen a los pueblos originarios, manifestantes continúan con su reclamo porque consideran que la reforma es “ilegítima e ilegal” porque no sólo cercena el derecho a la protesta sino, también, habilita el extractivismo de los recursos naturales (sobre todo el litio) y promueve el debilitamiento de los organismos de control de las cuentas públicas.

Las comunidades anticiparon que no solo sostendrán los cortes de ruta, que hasta el momento son 22 en toda la provincia, sino que el Tercer Malón por la Paz se trasladará a Buenos Aires y realizará, además, denuncias ante organismos internacionales. La semana pasada, los pueblos originarios caminaron tres días desde Abra Pampa, en el norte de la provincia, y  Salinas Grandes, en el oeste, para rechazar la Constitución que viola el artículo 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango constitucional a través de la Ley 24.071) que reafirma “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.

El domingo por la noche, Morales anunció que daba marcha atrás con los artículos 50 y 36, que incidían en la propiedad privada de las tierras y le daba potestad al Estado provincial para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por la presión de la gente en las rutas y, de manera personal -sin debatirlo en la Convención Constituyente-, Morales indicó que esos dos artículos volvían a su redacción original (que data de 1986). Indicó a los constituyentes las modificaciones y procedió a la jura.

Los pueblos originarios, a través de sus representantes, consideraron insuficiente la concesión del gobernador y reclamaron: “La reforma se tiene que caer”. “No hemos sido consultados. No son solo esos dos artículos, nos atraviesa transversalmente porque no se habla nada del agua y del medio ambiente. Esta reforma viene a seguir profundizando el extractivismo”, afirmó este martes Jorge Angulo, representante del Consejo de Pueblos Originarios de Llankaj Maqui e integrante del Tercer Malón de la Paz, en una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy.

El litio está en el trasfondo de la disputa.

Otro de los grupos determinantes en este conflicto es de los docentes, que iniciaron un paro y medidas de fuerza a principios de junio para reclamar mejoras salariales y sostienen el reclamo desde hace semanas. Jujuy es una de las tres provincias con peores salarios después de Santiago del Estero y Formosa. Según el Informe Educativo del Salario Docente realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en diciembre del 2022, un maestro o maestra jujeña de grado con 10 años de antigüedad ganaba 110.037 pesos. Lo que comenzó como un reclamo sobre las condiciones laborales continuó con el rechazo a la reforma constitucional que criminaliza la protesta. 

El reclamo docente sostenido dio lugar a un tercer actor preponderante en Jujuy: la Intergremial. Se trata de un conjunto de sindicatos del ámbito público y privado que se unieron para acompañar el reclamo educativo y continuaron después con el rechazo a la reforma constitucional. Aglomera a gremios como la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (Apoc), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unju (Adiunju), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación Bancaria, Mineros de Aguilar y la CTA-Autónoma, entre otros.

Desde la Intergremial indican que la Carta Magna también ataca los derechos laborales, afecta la carrera administrativa y reduce el alcance y funciones de organismos de control. Las organizaciones sociales también se sumaron.

En el otro extremo, Gerardo Morales acusa al kirchnerismo de fomentar las protestas y también apunta contra Milagro Sala, presa desde 2016 cuando él llegó a la gobernación. “Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”, escribió en Twitter. Sin embargo, las declaraciones contrastan con el desinterés inicial del gobierno nacional por la situación en la provincia. Las expresiones de las principales figuras llegaron cuatro días después de la represióncuando el presidente y la vicepresidenta respondieron por Twitter a Morales. Recién el lunes por la noche (la primera represión fue el sábado), el ministro del Interior Wado De Pedro condenó la violencia. 

Los manifestantes también denunciaron infiltrados, pero enviados por el gobierno jujeño. Antes de la segunda represión, en Purmamarca tres policías vestidos de civil fueron expulsados del corte al ser descubiertos. Morales denunció el secuestro de los efectivos, pero en videos publicados en redes sociales se ve como las comunidades echan a los efectivos sin violencia.

Por último, el peronismo jujeño también tiene un rol importante en este escenario. Sus constituyentes le dieron los votos al gobierno radical para que la Constitución sea aprobada por unanimidad. Guillermo Jenefes, José Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ros, Alberto Matuk, Rosana Aldapi, Vicente Apaza, Anahí Massari y Jorge Noceti fueron quienes acompañaron la iniciativa oficial. En estos días, militantes peronistas jujeños pidieron la intervención del PJ dirigido por el diputado provincial Rubén Rivarola.