El comienzo de un loop del que nunca salimos

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar que inauguró la última dictadura en Argentina.

La fecha, que se conmemora como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llega en un contexto político enrarecido por discursos revisionistas desde el poder con intentos de relativizar el terrorismo de Estado y una disputa sobre el sentido mismo de lo que pasó entre 1976 y 1983.

La estrategia del Proceso fue doble. Por un lado, los militares desataron una represión sin precedentes: un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de miles de personas. Las víctimas no fueron solo guerrilleros,  sino personas que de alguna manera participaron del movimiento social que se había desarrollado en los años previos.

El objetivo del plan fue acabar con los mejores y paralizar al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia.

El programa económico de la dictadura incluyó un endeudamiento externo sin precedentes, que infló la deuda y la hizo impagable hasta hoy. 

El efecto de estas políticas resultó devastador. El sector industrial se redujo en cerca del 20% por la desaparición de numerosas empresas. Unos pocos grupos empresarios locales e internacionales concentrados, acapararon desde entonces lo fundamental del poder económico. El eje de la economía se corrió al sector financiero. 

Para 1982, el PBI per cápita era 15% menos que el de 1975. El valor real de los salarios se desplomó en un 40%. La distribución del ingreso se volvió más regresiva: la participación de los asalariados en el PBI pasó del 45% que había alcanzado en 1974 a un 34% en 1983. 

 
A comienzos de la década de 1970 teníamos una de las industrias más fuertes de la región, una de las redes ferroviarias más extensas del mundo y formábamos parte del pequeñísimo club de países con premios Nobel de ciencias y energía atómica. En los treinta años anteriores se había duplicado el ingreso per cápita y ampliado el PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda; la brecha con los países más ricos se iba achicando. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad. Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. La deuda era irrelevante.

El golpe de 1976 interrumpió de manera irreversible ese camino ascendente. A partir de entonces el desempeño económico fue peor que el de casi todos los países del mundo. El país inició un camino de declive. La sociedad se empobreció y se volvió notoriamente más desigual. La salud pública, las jubilaciones, la educación, la infraestructura y las instituciones se sumergieron en el deterioro.

Cada intento de relativizar el terrorismo de Estado erosiona la frontera que separa lo que una democracia puede tolerar de lo que debe condenar sin ambigüedades. Y cuando esa frontera se vuelve difusa, no solo se reescribe el pasado: se debilita el presente.

Frente a eEl lo, la persistencia de la sociedad argentina ofrece un contrapunto. Las historias de hijos e hijas de desaparecidos y de nietos y nietas que recuperan su identidad, el trabajo incansable de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la continuidad de los juicios, incluso medio siglo después, no son solo gestos simbólicos. Son la expresión de una convicción profunda: que la verdad no prescribe.

A los 50 años del golpe, Argentina no está condenada a repetir su historia, pero tampoco, claramente, está a salvo. La democracia se sostiene con acuerdos básicos sobre lo que ocurrió y sobre lo que no puede volver a pasar. En esa claridad se juega no solo la memoria, sino la calidad de esa democracia.

La idea de que la discusión en torno a la dictadura estaba saldada, ignora los efectos del paso del tiempo.

Medio siglo es mucho tiempo. E involucra cada vez a menos gente que lo haya vivido en carne propia o pueda apropiarse de aquello que se considera saldado, Casi un tercio de la población argentina no vivió la experiencia.

El medio siglo transcurrido no mejoró la situación social y económica. La justicia se ha ido transformando en una maquinaria de persecución y corrupción que decide mover con celeridad ciertas causas y archivar otras.

El retorno de la legitimidad represiva es exigida desde distintas usinas e implementada cada vez con mayor intolerancia , con el ejemplo reiterado de las manifestaciones de los jubilados.

Estos hechos también conectan con un giro ideológico, de carácter global y que resulta más profundo en las generaciones más nuevas, que se caracteriza por un sentimiento “antipolítico”, como resultado de la destrucción de las condiciones de vida pero  fundamentalmente por el fracaso y la contradicción entre discursos progresistas y prácticas políticas con reivindicaciones en clave corporativa. Hay algo ahí por corregir.

El tono, los insultos, la descalificación permanente que irradian desde las usinas de comunicación estatales, buscan instalar esta noción de un país que debe purgarse de aquellos que son estigmatizados.

Muchas de las derrotas sufridas durante el genocidio se tradujeron en las imposibilidades del medio siglo después. La dificultad para comprender los daños generados por la dictadura, impide el registro presente.

El miedo, el silencio y la incertidumbre que marcaron la vida cotidiana bajo el terrorismo de Estado no forman parte de nuestra experiencia directa. Heredamos relatos entrecortados, cargados de silencios y del dolor que deja la ausencia de desaparecidos.

Esa distancia no implica olvido. Las historias transmitidas, los recordatorios de organismos de derechos humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de familiares fueron lo que permitió construir y mantener esa memoria colectiva que se renueva cada año. Es por eso que el 24 de marzo, nos interpela no solo a recordar y honrar el legado, sino a defender la democracia.

El camino de la justicia no solo se ha limitado a buscar respuestas, sino que se ha consolidó como una herramienta clave para la rendición de cuentas. El Juicio a las Juntas en 1985 y la decisión de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad marcó un precedente inédito y reafirmó la idea que hoy parece evidente, pero en su momento fue extraordinaria: que incluso frente a los peores crímenes, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar. Pero la verdad, la memoria y la justicia no se agotan en los tribunales, sino que también se expresa en la búsqueda de la identidad y en la restitución de historias deliberadamente borradas. La lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo convirtió esa búsqueda en una causa colectiva. La apropiación de niñas y niños durante la dictadura es una herida que se prolonga en el tiempo. Desde el regreso a la democracia, 140 personas han logrado recuperar su identidad, y aún restan más de 300 por encontrar. 

La memoria debe asumirse como una herramienta para la defensa democrática que nos sirve para entender los límites del poder, el valor de la vida, de los derechos y el lugar de las víctimas. El legado de estos 50 años no es solo argentino, marca un estándar regional y global de cómo enfrentar el terrorismo de Estado y la impunidad. Es una forma de resistencia, no contra el pasado, sino contra su repetición y de sostener de manera concreta, tras todos estos años, el compromiso colectivo con el “Nunca más”. 

Vista retrospectivamente, la dictadura nos sumergió en un loop del que no conseguimos salir.

Ojalá en este aniversario del golpe que nos metió en este loop, podamos reflexionar sobre esas repeticiones. Ojalá encontremos la forma de romper el encierro autodestructivo al que nos llevaron los militares y los civiles, del que se hizo imposible salir. Nunca es tarde. Nunca más.