El costo humano de la “guerra contra las pandillas” de El Salvador quedó al descubierto a través de un nuevo informe. Decenas de presos fueron torturados y asesinados en prisión después de ser capturados durante el primer año de la ofensiva lanzada por Bukele contra las bandas salvadoreñas, según la organización de derechos humanos Cristosal.
La investigación, documenta que al menos 153 personas fallecieron bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación. La ONG confirmó que 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que calificó otras 46 de sospechosas.
Según los cuerpos de la mayoría de estas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor.
El grupo de derechos humanos asegura haber obtenido fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas, hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición. Casi la mitad de las víctimas eran hombres de entre 18 y 38 años. La ONG dice que algunos prisioneros fueron torturados con descargas eléctricas.
Noah Bullock, director de Cristosal, aseguró que los resultados del informe evidencian que las violaciones de derechos humanos bajo el actual Gobierno de El Salvador son “una práctica sistemática más que una excepción”. El grupo basa su informe en las entrevistas realizadas a decenas de familiares de los fallecidos y de expresos, así como en los informes forenses oficiales y en el trabajo de campo realizado.
El Gobierno de El Salvador rechazó las críticas recibidas sobre su campaña, que se tradujeron en más de 67.000 personas arrestadas desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022. Incluso los críticos con el Gobierno admiten que la represión —que parece garantizar la continuidad de Bukele en las elecciones presidenciales del próximo año— supuso un cambio radical para las comunidades salvadoreñas pobres que vivieron durante años bajo el brutal control de las pandillas.
“El desmantelamiento de las pandillas tiene un potencial de cambio de vida enorme para el país”, informó el medio El Faro a principios de este año en una investigación de 5.000 palabras sobre la aparente disolución de estos grupos. Sin embargo, estos avances han supuesto un gran costo para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles de El Salvador, así como para las miles de familias rotas con algunos de sus miembros capturados en la ofensiva del Gobierno.
La publicación del informe coincide con la sentencia de la Justicia salvadoreña contra uno de los antecesores de Bukele en la presidencia, Mauricio Funes, por haber negociado una presunta tregua con las pandillas durante su mandato (2009-2014). El expresidente, condenado a 14 años de prisión, vive en el exilio en Nicaragua desde 2019, lo que significa que no puede ser detenido.
La administración de Bukele también ha sido acusado de negociar con ellas. En 2021 Estados Unidos aseguró que el líder salvadoreño selló una tregua secreta con los líderes de los grupos Barrio-18 y MS-13.
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