La Justicia de Estados Unidos falló en contra de Argentina por la estatización de YPF

Economía 01 de abril de 2023
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La jueza federal estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina en una demanda iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park por la estatización de la petrolera YPF. Burford Capital, propietario del fondo estadounidense Eton Park Capital, es el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo.

Los fondos demandantes vienen manteniendo una disputa legal con el país desde hace años, luego de comprar la quiebra de la empresa Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi que tenían el 25% de la propiedad de YPF cuando estaba controlada por la española Repsol, en un intento del entonces presidente Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa como modo de revertir el declive de sus reservas y producción bajo la conducción española.

Luego de la estatización total de la petrolera en 2012 -que entonces tenía el 51% de las acciones en manos privadas- y la quiebra de Petersen Energía, dos fondos de inversión extranjeros adquirieron la demanda de la empresa contra el Estado argentino en 2015. Ambos fondos reclaman desde entonces que Argentina habría incumplido el estatuto que planteaba que el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa y no sólo por una parte.

A pesar del fallo contra el país , la jueza denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por los daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre US$7.000 y US$18.000 millones- y sostuvo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños. Burford Capital es el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo que cotiza en la Bolsa de Londres

“El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, dice el fallo, que también sostiene que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos.

La jueza aclaró que le resulta imposible fijar el monto porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.

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