En 2019, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el lanzamiento de lo que llamó un Gran Debate Nacional como parte de su respuesta ante las protestas de los llamados chalecos amarillos. En este marco, se lanzó también la convención ciudadana sobre el clima, en la que 150 franceses elegidos al azar trabajaron durante meses sobre cinco temas: alojamiento, transporte, alimentación, consumo, producción y trabajo. De la convención salieron 149 proposiciones “para conseguir una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030, con un espíritu de justicia social”.

Entre ellas estaba la supresión de los vuelos nacionales para los que exista una alternativa en tren en menos de cuatro horas. Aunque el Gobierno francés incluyó esa medida en su ley sobre el clima, la limitó a trayectos que puedan hacerse en menos de dos horas y media, una medida que acaba de recibir el espaldarazo de la Comisión Europea.

En principio, solo tres de las conexiones interiores que transportan más pasajeros se verán afectadas: las que unen el aeropuerto de París-Orly con Burdeos, Lyon y Nantes.

De hecho, según denuncian las asociaciones ecologistas, con el límite de dos horas y media, la medida ofrece beneficios muy limitados, al excluir las conexiones desde París-Charles de Gaulle con los otros grandes centros urbanos franceses (el trayecto en avión de París a Nantes, que provocó este año una polémica con el PSG, se podrá seguir haciendo en vuelo comercial). Además, el Ejecutivo galo también excluyó los vuelos Lyon-Marsella y París-Rennes, para los que el transporte público “no permite un acceso suficientemente temprano al aeropuerto por la mañana, ni una salida suficientemente tardía por la tarde”.

La medida excluirá las tres conexiones más frecuentadas: París-Niza (que supone seis horas en tren), París-Toulouse (cuatro horas y 15 minutos) y París-Marsella (tres horas). En particular, con más de tres millones de pasajeros anuales, la conexión de la capital con Niza genera unas 225.000 toneladas de CO2 cada año, con un 20% más de viajeros desde 2015. Por pasajero, eso representa 82,3 kilogramos de CO2 (39 veces más que el tren), según los cálculos de Greenpeace. En comparación, París-Burdeos, la línea más contaminante afectada por la prohibición aprobada por el Ejecutivo, solo es responsable de 89.000 toneladas de CO2.

Si la medida no es suficientemente ambiciosa a ojos de los ecologistas, su carácter pionero en Europa puede compensar, en parte, sus debilidades. Desde diciembre de 2021, la Comisión Europa estuvo revisando la medida, después de que la Unión Francesa de Aeropuertos (UAF) solicitase su anulación. El pasado día 2, Bruselas dio el visto bueno a la disposición, lo que abre la puerta a otros Estados a adoptar medidas similares.