El Poder Judicial, el aparato de inteligencia y al menos tres fuerzas policiales de la Argentina han demostrado todas sus miserias en los últimos meses. Recién ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la detención de Jonathan Morel, fundador del grupo Revolución Federal, así como de sus compañeros de militancia  Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, hija de Alfio Basile.

El magistrado investiga audios intercambiados entre los mencionados, así como sus dichos en Twitter Space, fértiles en amenazas e instigaciones a la violencia y asesinato, en especial de Cristina, pero también de otras figuras del peronismo.

Lo que incomoda es que las huellas digitales de esa pyme han estado por todos lados desde mucho tiempo antes y a la vista de quien quisiera mirar: hostigamiento de patrullas en las calles del centro a personajes del Gobierno y periodistas, marchas con antorchas y hasta lanzamiento de las mismas hacia la Casa Rosada, intimidaciones megáfono en mano, amenazas públicas de muerte, exhibición de horcas y hasta guillotinas de cotillón con claro sesgo intimidatorio..

Todo eso ocurrió ante la mirada pasiva de efectivos de seguridad, lo que en el caso de miembros de efectivos de la Policía de la Ciudad mutó hasta en simpatía. Sus actividades y reuniones se desarrollaron en gran medida en territorio bonaerense, mientras que la violación de unos cuantos artículos del Código Penal se dio en la CABA e, incluso, en las narices de la Federal que custodia la sede del Gobierno.

Tampoco hubo fiscales que actuaran de oficio ni jueces que se interesaran. Por último, la dirigencia política que se enfurece ante piquetes de personas con hambre normalizó el hostigamiento, la amenaza y la violencia, sin siquiera alertar sobre la peligrosidad del fenómeno.

La prensa, en algún caso, también advirtió. Nada sin embargo, superó la extraordinaria nota de Nicolás Baintrub en la revista Anfibia, una radiografía que le mete miedo a quien lee, pero que enorgulleció a los responsables del grupo, que abrieron la puerta de su mundo, destinado a "que tengan miedo de ser kirchneristas.

Se dijo al pasar, pero vale insistir: el 1 de septiembre se produjo el atentado contra Cristina. Antes y después, al menos hasta ayer, hubo un default total de las instituciones para poner la mira en esa violencia: Poder Judicial, inteligencia criminal, policías varias.

La causa que lleva adelante De Giorgi está por ahora llamativamente separada de la que se instruye por el magnicidio fallido, pero Cristina cree que Revolución Federal planeó y financió el intento de asesinato.

"Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra", dijo Cristina en el escrito que presentaron sus letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal para que se la acepte como parte querellante.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron ayer las oficinas de fideicomisos de Caputo Hermanos, perteneciente a la familia del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis "Toto" Caputo, de donde salieron unos 8 millones de pesos hacia Morel entre diciembre del año pasado y agosto último. Al parecer, esa empresa importante decidió encargarle unos trabajos a la ignota carpintería que aquel tenía en Boulogne.

Los designios de Dios son inescrutables y los tiempos de la Justicia terrenal, más todavía. Tarde, tardísimo, De Giorgi parece poner manos a la obra. En buena hora: tiene delante de sus ojos no un hilo, sino una gruesa soga de la cual tirar.