Otorgaron una licencia de 100 días a un papá para el cuidado de su bebé

Gaston Pérsico, empleado del Senasa en Córdoba, obtuvo una licencia especial por 100 días luego de convertirse en padre junto a Nicolas, su marido. 

Gastón y Nicolás se casaron en 2017, y dos años antes se anotaron en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. En cinco años nunca fueron contactados, por lo que en 2020 comenzaron a evaluar otras alternativas.

Optaron entonces por la gestación subrogada, que no está regulada en el país, por lo que hicieron una presentación en los Tribunales de Familia para que el bebé sea registrado como hijo de ambos.

Y obtuvieron la autorización judicial.

"Teniendo en cuenta que la subrogación de vientre no está reglamentada y que las licencias por nacimiento que están contempladas legalmente no están adecuadas a los nuevos tipos de familia, el equipo de nuestra Dirección de Asuntos Jurídicos trabajó sobre la normativa apoyándose en el convenio colectivo de trabajo para la administración pública que reconoce para el caso de adopción, 100 días de licencia sin distinción en el género de las personas adoptantes", explicó la titular del Senasa.

Y destacó que se priorizó "el derecho de los niños como elemento fundamental para argumentar la decisión que tomamos. De esta manera, se logró un dictamen ejemplar, que genera jurisprudencia y que pone en primer plano los derechos del niño a ser cuidado por sus padres”, agregó Guillén.

“Es mi voluntad la de ser pionero en cuanto a licencias especiales por nacimientos ya que el amor y los cuidados se manifiestan de diferentes formas, todas válidas y respetadas”, dijo Gaston. 

La presidenta del Senasa, Diana Guillén, dijo que “la decisión de acompañar y apoyar esta situación, que en otro contexto institucional no hubiera sido posible ya que no estaban dadas las condiciones políticas y jurídicas, es el resultado de un camino que lleva a la ampliación de derechos y al debate de la perspectiva de género y diversidad sexual, entre los cuales un hito importante hacia la apertura institucional es la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela”.