El presidente Nayib Bukele no tiene en sus planes abolir o suavizar una de las legislaciones anti aborto más punitivas del mundo. Por condenar como homicidas a mujeres víctimas de emergencias obstétricas, el Estado salvadoreño acumula procesos y condenas a nivel internacional.

Superpoblada, con 21 mil km2 de superficie, recostada sobre el litoral centroamericano del Océano Pacífico, la nación salvadoreña tiene de una de las legislaciones más duras del mundo en la punición del aborto. Desde 1998, una ley prohíbe interrumpir el embarazo en todas las circunstancias, incluso en caso de violación o de peligro grave para la salud y aun vida de la madre o del feto. La interrupción de un embarazo suponen para la mujer salvadoreña años de prisión.

Esta vez, la condena recayó sobre ‘Esme’. Este es el alias usado para proteger la identidad de la mujer de 28 años que en octubre de 2019, embarazada y sola en su aislado domicilio rural en el campo salvadoreño, sufrió una emergencia obstétrica de resultas de la cual perdió su embarazo. Cuando pudo llegar hasta un hospital público en busca de atención médica. en vez de recibir ayuda, fue detenida y denunciada ante la Justicia penal. A 'Esme' se le abrió una causa y se le inició un proceso. El tribunal la encontró culpable de homicidio agravado.

Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto,  Morena Herrera comunicó de inmediato su repudio y el de su colectivo ante el fallo: “Fue un duro golpe. Primero para ella y su familia. Luego para nuestra lucha. Estamos trabajando con la perspectiva de que El Salvador cierre esa etapa de criminalizar a las mujeres en emergencia obstétrica; pero con esa sentencia, se marca un retroceso”. Y agregó: “En el sistema judicial de El Salvador existe mucha impunidad y también una mora judicial muy alta. Por lo que los fiscales buscan resolver casos rápidamente, y éstas son condenas fáciles. No les importa llevarse la vida de las mujeres de paso”.

Lo central de la denuncia  de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y que el caso de 'Esme' dramatiza, es la criminalización de las mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica. Un embarazo puede presentar complicaciones en cualquier etapa de su desarrollo. Según los últimos datos sistemáticos y globales recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 murieron 830 mujeres al día por esta razón.

Sin embargo, cuando las mujeres salvadoreñas pasan por esta experiencia y tratan de buscar ayuda médica, pueden ser arrestadas, bajo la sospecha de que hayan intentado abortar. La pena prevista por la ley salvadoreña de 1998 para una mujer que interrumpe su embarazo es de 8 años. Los fiscales “empiezan por acusarlas de aborto y luego las acusan de homicidio agravado, por el vínculo materno, cuya pena de prisión oscila entre 30 y 50 años”, aclara Morena Herrera. Y afirma la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: “Necesitamos que cambie la ley. Sabemos que es una lucha de largo aliento, y que existen voluntades poderosas que tratan que convertir aEl Salvador en un referente moral que mantiene a las mujeres en un lugar de subordinación, de opresión. Sin embargo, no vamos a parar hasta que todas sean liberadas”.

Esta condena de 30 años de cárcel -la primera durante la presidencia de Nayib Bukele-  significa según la directora para las Américas de Amnistía Internacional “una farsa de justicia”. Erika  Guevara Rosas acusa a las autoridades salvadoreñas: “Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento, no agravarlo al criminalizar a las mujeres”.