El agua disponible en Chile ha disminuido hasta 37% en los últimos 30 años y en la ciudad capital de Santiago hay menos reservas hídricas que en 2021. Se calcula que en el año 2060 la cantidad de agua en el norte y el centro del país se reducirá a la mitad.
Fue el cuarto año más seco de su historia, es el único país del mundo que cuenta con sus aguas privatizadas. El Estado chileno es el dueño del recurso, pero distribuye gratuitamente los derechos a privados que, a su vez, pueden venderlos.
Significativamente, el presidente Gabriel Boric, firmó el nuevo Código de Aguas -que llevaba 11 años de tramitación- que prioriza el acceso a los recursos hidráulicos para el consumo humano, en un contexto de escasez hídrica que afecta a más de la mitad de la ciudadanía chilena.
La ciudad capital Santiago, con cerca de siete millones de habitantes, se abastece principalmente de los cursos de agua de los ríos Maipo y Mapocho cuyos caudales se redujeron significativamente durante la última década por la falta de lluvias y nieve en la Cordillera de los Andes.
Según directivos hídricos, la ‘alerta amarilla’ se aplicaría diez días antes de que los ríos que abastecen a la capital ya no puedan satisfacer las necesidades de Santiago. Cinco días después, en caso de que los niveles de ambos caudales no aumenten, se pasa a la ‘alerta roja’.
El plan de racionar el agua en el área metropolitana de la capital chilena de Santiago puede tener un impacto negativo en el sector educativo. Al no existir flujo de agua en una comunidad, las escuelas deben permanecer cerradas.
El director de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (ONEMI) de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, puntualizó que “Los cortes se van a saber con anticipación, así que la gente se va a poder organizar para cocinar, lavar y no va a ser una sorpresa de un corte de una semana como se ha visto otras veces”.
La efectividad de la medida es discutible según sostiene Guillermo Donoso, académico e investigador del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica: “La evidencia internacional muestra que ese sistema no es tan efectivo. Si yo sé que me van a cortar el agua, acumulo antes, por lo que la reducción efectiva no es tan alta”.
El marco legal para garantizar el acceso al agua, los derechos sobre ella y su distribución y uso es uno de los tópicos más discutidos en la Convención Constitucional que redacta la nueva Carta Magna que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
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