Es un movimiento de masas que hace tiempo se transformó en un importante actor social. Tiene alcance nacional, pero su rasgo distintivo es otro.
Es informal y popular, dos características que hasta hace poco describían sólo una condición laboral, pero hoy identifican nítidamente a un sujeto político. 

Hablamos, por supuesto, de los trabajadores no registrados que cada vez son más y, en algunas provincias, incluso son mayoría. Son nueve las jurisdicciones que tienen mayor número de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que personas registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el informe de agosto de 2021 eran mayoría en siete provincias. Seis meses antes lo eran en cinco. Para el próximo semestre ya vienen pidiendo pista más. 

Las provincias que hoy tienen más trabajadores informales que registrados son Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Las que están cerca de romper el equilibrio son Corrientes y San Juan.
La mayoría de las personas se dedica a “servicios personales y otros oficios”, que engloba actividades como limpieza, peluquería, cocina, jardinería, reparación de autos, pintura, zapatería. Le sigue el rubro de “servicios sociocomunitarios”, donde fundamentalmente se encuentran trabajadores de comedores. El resto se distribuye en otras ramas que van desde el comercio a la pesca artesanal y el reciclaje.

El 57,8% son mujeres y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años.

Eso, quiere decir que para muchos la experiencia del primer empleo en la Argentina hoy se da en la informalidad. El dato merece un punto aparte para pensar.

Hay  otros datos fundamentales: solo el 22,3% de los inscriptos percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5%, el programa Potenciar Trabajo.

Casi el 60% trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Esto quiere decir que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria.