Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos por año.
Esto implica que un 17% de la producción total de la comida en nuestro planeta termina en la basura.
En nuestro país, la tendencia también es preocupante. Según lo detallado por la Dirección de Agroalimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se derrochan 16 millones de toneladas de alimentos anuales en Argentina, un 12.5% de toda la producción alimentaria del país.
En nuestro territorio se encaran distintas estrategias para reutilizar los alimentos y reducir su descarte. El equivalente de los 16 millones de toneladas desperdiciadas en Argentina, representan unos 340 kilos por persona.
Los estudios sobre alimentación coinciden en asegurar que todo lo que se deshecha en el país alcanzaría para alimentar durante todos los días a la mitad de la población argentina. Distintas instituciones académicas, privadas y estatales llevan adelante acciones para generar conciencia sobre el descarte alimenticio.
Hay iniciativas que buscan evitar el desperdicio, impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir.
El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.
El proyecto, que está basado en experiencias exitosas de países como Francia, España y Dinamarca, se propone fomentar “la responsabilidad social empresarial, la solidaridad y el desarrollo de una economía circular”.
Se trata de una política pública que puede tener beneficios económicos indirectos al reducir el impacto ambiental y amortiguar los efectos sociales del hambre.
La iniciativa contempla incentivos fiscales para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, y campañas de concientización para reducir el descarte en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
También promueve el uso sustentable de lo que no es apto para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.
Entre los beneficios fiscales, se incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y de las contribuciones patronales en un 15% para micro y pequeñas empresas, un 10% para empresas medianas y un 5% para empresas grandes.
En lo referente a la responsabilidad social empresarial, se estipula la creación de un sello distintivo para aquellas empresas “comprometidas con el aprovechamiento de alimentos”, con beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o acceso a créditos con tasas preferenciales.
Te puede interesar
Lo más visto
