Casi 200 defensores ambientales fueron asesinados en 2023

Al menos 196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado según revela un nuevo informe de la ONG británica de derechos humanos Global Witness. El 85% de estos asesinatos se produjeron en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Honduras, y afectaron especialmente a los pueblos indígenas.

Las cifras elevan el número total de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales en 2012 a 2.106 en todo el mundo. Es probable que se trate de una subestimación de lo que ocurre en el terreno, afirma Laura Furones, autora principal del informe. “Los datos están dispersos, son insuficientes, inaccesibles y a veces faltan por completo”, afirma.

Titulado “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”, el informe identifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para este tipo de activistas, con al menos 79 asesinatos registrados en 2023. Se trata de la cifra anual más alta documentada por Global Witness. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes colombianas se vieron desproporcionadamente afectados, representando casi el 40% de estos asesinatos.

Colombia se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la información medioambiental y garantizar la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente. Con Colombia, ya son 17 los países de la región que han ratificado el tratado.

En México y Honduras se observan tendencias similares, con 18 defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más del 70% de las personas asesinadas eran indígenas. En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.

“En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados”, afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoamérica.

El informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. 25 defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% procedía de América Latina, la región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.

Global Witness afirma que los defensores en Centroamérica han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, y que casi todos ellos (97%) han tenido lugar en Honduras, Guatemala o Nicaragua. En 2023, 36 defensores fueron asesinados en la región. Esto significa que casi uno de cada cinco asesinatos documentados en el mundo tuvo lugar en una región con menos del 1% de la población mundial.

Según Global Witness, la expansión de los regímenes autoritarios en Centroamérica otorga impunidad a las élites políticas y económicas que utilizan la violencia para mantener el control de los recursos naturales. La región contiene entre el 5 y el 12% de la biodiversidad mundial en su mosaico de ecosistemas tropicales, que abarca una estrecha franja entre las costas del Pacífico y el Caribe.

En el informe “Voces silenciadas” se insta a los gobiernos a crear un entorno seguro para los defensores ambientales, quienes deben poder ejercer libremente sus funciones sin temer por sus vidas. Además, los autores llaman a los gobiernos a hacer cumplir las leyes y mecanismos existentes, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus.

En la cumbre anual del Acuerdo de Escazú, celebrada en abril en Chile, los países aprobaron un plan para proteger a los defensores del medioambiente, pero aún no se ha puesto en práctica. Al mismo tiempo, un grupo de países entre los que se encuentran Costa Rica, República Dominicana y Perú siguen resistiéndose a ratificar el Acuerdo de Escazú, y sus gobiernos suelen esgrimir argumentos como que el tratado es contrario al desarrollo.

El informe también insta a los gobiernos que identifiquen, documenten y analicen sistemáticamente los ataques contra los defensores ambientales, con el fin de desarrollar mejores medidas de aplicación de la ley. Los autores expresan que la recopilación de datos debe ser transparente y participativa, ya que en muchos casos son los propios defensores quienes disponen de la información más detallada.