La Justicia ordenó suspender los desmontes en el Chaco

La Justicia ordenó suspender los desmontes en el Chaco e investiga la responsabilidad del poder político. La jueza federal Nirenperger hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la ONG Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas.

La magistrada suspendió no sólo los nuevos permisos presentados a la fecha ante el Ejecutivo provincial sino también aquellos desmontes ya autorizados que aún no se hubieran ejecutado. 

También ordenó al gobierno, adoptar las medidas pertinentes para supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida cautelar y adoptar los mecanismos de protección para asegurarse de que “no existan acciones que signifiquen un avance sobre el ambiente” en los bosques nativos.

La jueza explicó en un escrito que actuó luego de que el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini abrió una investigación contra el ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, quien es además la máxima autoridad ambiental local. Tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, cuando se dedicaba a la actividad privada.

Fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, pero resultó ser el principal denunciado por la AAdAA, que presentó en julio último una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

Niremperger sostuvo en su fallo, que para hacer lugar a la medida cautelar que acompañó aquella denuncia tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción”, como el yaguareté.

Además, la jueza afirmó que “la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.