El Gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la dictadura

La Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

 El Gobierno oficializó este miércoles la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

La Conadi funciona desde 1992 en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, y desde 2001 colabora con los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. Entre sus funciones está la de requerir asistencia al Banco Nacional de Datos Genéticos, recibir información confidencial de quienes tengan datos de casos de apropiación e indagar en archivos oficiales, a los que hasta hoy tenía acceso.

Según el Ejecutivo, la existencia del organismo invadía "las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos" y afectaba "la división de poderes", hecho que "violenta nuestro régimen constitucional".

Se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.

En junio pasado, cuando la derogación de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado ya estaba en marcha, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional”. Esto decían:

“Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ”Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado“ (UEI), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI). La Unidad fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad.

La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas.

Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En Abuelas contamos con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea.

La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados.

Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes.

Reiteramos que la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo“.