Javier Milei logró la aprobación de una ley de leyes; amplia trama que comprende temas laborales, impositivos, comerciales y de inversiones. Parte sustancial del marco jurídico en el que se desenvuelve la economía será diferente de ahora en más.
El Presidente puede presumir que los diputados y senadores le votaron los proyectos pese a haber calificado a los legisladores como “ratas”.
El impacto inmediato de la aprobación se verá reflejado en la baja del riesgo país y alguna otra expresión de júbilo en los mercados, la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, y un comunicado de satisfacción del Fondo Monetario Internacional, que seguirá “valorando los notables progresos de la economía argentina”.
Habra papers con prosa de bancos e inversores, parte de la prensa proclamará que Milei es una combinación entre Mandela y Thatcher. El traspié final en la eliminación del impuesto a la riqueza (Bienes Personales) y la restitución del gravamen a los altos ingresos (Ganancias) moderará el ánimo festivo.
Durante un trámite legislativo, a los siete senadores y unos cuarenta diputados de La Libertad Avanza, el oficialismo sumó al PRO, a gran parte de la UCR y a un conjunto de sellos provinciales, varias franquicias del peronismo, que ratificaron su adscripción al mayor chiquitaje de la política. Los representantes de las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro, Misiones, Santa Cruz y Salta perpetraron un toma y daca mal explicado, peor disimulado, y, además, barato.
La victoria de Milei fue rotunda, sin revés alguno en los títulos que componían la ley Bases, pero chocó en el paquete fiscal. Es cierto que, en el proceso de negociación, concedió modificaciones y redujo el proyecto a menos de la mitad de su versión original. Milei resignó alguna estupidez, como la toga de los jueces y otras medulares, como ciertas privatizaciones y partes de las reformas previsional, impositiva y laboral.
Los mercados hablarán con ruido, se verá si por horas, días o semanas, pero el efecto de la aprobación en la economía real no tendrá lugar en el corto plazo. Debe resolver temas, como la escasez de dólares en el Banco Central, la recaudación aplastada por la recesión y la inflación de junio, impactada por los aumentos de tarifas, que recién empezaron.
Esa agenda coloca al Gobierno ante la necesidad de ensayar nuevas alquimias sobre la combinación de motosierra, multiplicación de la deuda, licuación y la sombra de una nueva devaluación. En ese sentido, la renovación del swap con China, al menos por un año, representa una mejor noticia que la norma aprobada.
La discusión por la ley Bases dejó claro que la calidad del debate parlamentario tocó un piso desde 1983.
Lo lamentable y grotesco de una jornada circense, es que Bullrich se repitió a sí misma. Como en las manifestaciones de 2017 y 2018, la ministra de Seguridad, rego las calles de policías y gendarmes. La desmesura del despliegue no sólo resulta intimidante en sí misma, sino que genera conflictos donde no los hay.
La excusa del protocolo antipiquetes le sirve para mandar a sus efectivos a provocar. La premeditada intervención de policías con gas pimienta contra diputados evidenció la intención de romper la manifestación, hasta alli, pacífica.
Una vez encendida la chispa, aparecieron los misteriosos de siempre, con rostro tapado, dueños de una ira infinita, que deben tener buena relación con la Policía, porque nunca los detiene. Sí, en cambio, los disturbios marcaron la campana de largada para arrestos y los disturbios lograron desviar la atención durante algunas horas.
Avanzada la noche, las policías se dedicaron a amedrentar a quienes se congregaron en esquinas de los barrios para cacerolear contra la ley aprobada.
Un Gobierno con severas dificultades para ver en su cabal dimensión al terrorismo de Estado se extralimitó al denunciar un “golpe de Estado” perpetrado por “terroristas”, malversando las palabras y preparando el terreno para concretar las amenazas que Milei, por ahora, verbaliza.
La pregunta que surge es si sigue existiendo el derecho a la protesta en Argentina o un Estado policial a la medida de la terrorista Bullrich, según el actual presidente.
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