La Cámara de Diputados debatirá hoy la nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Habrá marchas al Congreso en repudio a la medida que impulsa el oficialismo, y el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo mantendrá paralizadas las exportaciones en rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias contenida en el paquete fiscal. Un punto clave para las exportaciones y liquidaciones del campo en este contexto.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la izquierda convocaron a marchar desde las 16 al Congreso en rechazo al "paquete de leyes antipopulares" que debatirá hoy la Cámara Baja.
Aunque para Milei el desprecio por la política en general y por la dinámica legislativa en particular parecieran inquebrantables, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos que impulsen la transformación que promete.
La expectativa es alta también, la preocupación: la Argentina transita una confrontación entre el modelo económico libertario como solución al estancamiento de la economía y una realidad política y social que demanda mayores consensos y protección a los más castigados, con una pobreza que se estima que ya supera el 50%, y a una muy castigada clase media.
El fracaso de la primera versión de la propuesta fundacional de la gestión libertaria fue un claro indicio de su incapacidad para articular un acuerdo sólido con la oposición.
A lo largo de las discusiones, la lista se redujo a 11 empresas, con diferentes modalidades de privatización Al final, se decidió vender completamente sólo cuatro empresas: Aerolíneas, Enarsa, Intercargo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), que comprende a Radio Nacional y la Televisión Pública. Además, se concesionarán cinco empresas más y se venderá parcialmente, manteniendo el control estatal, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Por otro lado, el Gobierno tuvo que abandonar sus planes de privatizar el Banco Nación. Tampoco serán privatizadas Arsat, BICE, Casa de Moneda e YPF, entre otras.
A su vez, la reforma laboral establece la eliminación de multas adicionales en indemnizaciones por despido de trabajadores no registrados, la extensión del periodo de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, y la creación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, permitiendo hasta cinco colaboradores sin relación de dependencia. Además, se permite a los sectores empresariales y sindicatos reemplazar las indemnizaciones por despidos con un fondo de desempleo a través de convenios colectivos.
Por separado, el paquete fiscal, incluye, entre otras iniciativas, una modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias, que busca que los trabajadores con ingresos más elevados vuelvan a estar sujetos a este tributo.
Entre las medidas más destacadas también se encuentra la modificación del monotributo, la implementación de un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria y reducciones en el Impuesto a los Bienes Personales.
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